El Gobierno envió al Senado un proyecto que restringe el acceso a los beneficios y pone el foco en el control. Organizaciones advierten que podría dejar sin cobertura a miles de personas.
El Gobierno nacional giró al Senado un proyecto de ley que propone modificar de forma profunda el sistema de pensiones por invalidez, en una iniciativa que llega tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Bajo el argumento de combatir irregularidades, la propuesta plantea endurecer los requisitos de acceso y reforzar los mecanismos de fiscalización, reemplazando el esquema actual de asistencia. El texto también busca dejar atrás la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido cuestionada judicialmente en distintos fallos.
El cambio implica un giro en el enfoque de la política pública: de un modelo centrado en la inclusión y la contención social hacia otro basado en el control administrativo. Según el proyecto, se establecerán criterios más estrictos para acceder a las pensiones, lo que en la práctica podría reducir la cantidad de beneficiarios. Desde el oficialismo sostienen que se trata de ordenar el sistema y garantizar transparencia, pero el alcance de las modificaciones encendió alarmas en distintos sectores.
Organizaciones sociales, asociaciones civiles y referentes del ámbito de la discapacidad advierten que la iniciativa podría traducirse en un recorte encubierto, dejando sin ingresos a personas que dependen de esa asistencia para vivir. El debate ahora se trasladará al Congreso, donde se anticipa una discusión intensa entre quienes defienden la necesidad de controles más estrictos y quienes alertan sobre una posible regresión en derechos y un debilitamiento del sistema de protección social.
