Organizaciones, familias y trabajadores del sector se movilizan al Ministerio de Salud en rechazo a un proyecto oficial que, bajo el argumento de combatir el fraude, endurece el acceso a pensiones y pone en riesgo el esquema vigente.
El colectivo de discapacidad convocó a un cese de tareas y movilización frente al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, en rechazo a un nuevo proyecto de ley del Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que se presenta como una herramienta para revisar pensiones mal otorgadas, es leída por el sector como un avance del ajuste sobre una población ya golpeada y una amenaza directa al sistema de prestaciones.
Desde organizaciones como el Foro Permanente Discapacidad advierten que el foco oficial desvía la discusión hacia supuestos casos de fraude, mientras se profundizan problemas estructurales como el atraso en aranceles, pagos irregulares y deudas acumuladas. En ese marco, apuntan especialmente contra la intención de modificar el Nomenclador nacional, el mecanismo que fija los valores de las prestaciones y que consideran el sostén central del sistema.
El proyecto también incluye reempadronamientos obligatorios, criterios más restrictivos y mayores controles, lo que —según denuncian referentes del sector— puede derivar en la interrupción de tratamientos, pérdida de ingresos y más obstáculos burocráticos. La protesta se suma a un clima de creciente conflicto con la cartera sanitaria, atravesado además por reclamos por PAMI, vacunas, residencias y cambios en la Ley de Salud Mental.
