ARCA DENUNCIÓ UNA EVASIÓN MILLONARIA EN EL MOVISTAR ARENA Y APUNTÓ A LA EMPRESA VINCULADA A LA NACIÓN

El organismo recaudador acusó a la firma que administra el estadio porteño de evadir más de $2.300 millones en Ganancias. La maniobra habría consistido en declarar pérdidas ficticias para evitar el pago del tributo.

El organismo recaudador acusó a la firma que administra el estadio porteño de evadir más de $2.300 millones en Ganancias. La maniobra habría consistido en declarar pérdidas ficticias para evitar el pago del tributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la empresa que gestiona el Movistar Arena por evasión tributaria agravada, en una causa que pone en la mira a una de las principales operadoras de espectáculos del país. Según el organismo, la firma Buenos Aires Arena S.A., controlada por la familia Saguier —vinculada al diario La Nación— habría omitido el pago de más de 2.300 millones de pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con la presentación judicial, la maniobra se habría concretado a partir de la manipulación de la declaración impositiva del ejercicio 2023, donde la empresa incorporó un ajuste sin respaldo por casi $8.900 millones. Ese movimiento fue justificado como una supuesta actualización de quebrantos de años anteriores, pero para ARCA se trató de un mecanismo artificial que permitió transformar una ganancia contable en pérdida fiscal, evitando así el pago del impuesto y generando además crédito a futuro.

La denuncia también individualiza responsabilidades en la conducción de la firma. Apunta contra Luis María Julio Saguier, Eduardo Martín Lomanto y Natalia Irene Mouhape Rosso, quienes integran el directorio de la empresa. En caso de comprobarse la evasión agravada, las penas previstas van de tres años y medio a nueve años de prisión.

En paralelo, el organismo que conduce Andrés Vázquez avanzó con un reclamo impositivo contra La Nación, que fue apelado ante el Tribunal Fiscal sin que se concretara el pago. El caso abre un nuevo frente entre el Gobierno y grupos empresarios, con eje en la fiscalización de grandes contribuyentes y el control de maniobras que impactan en la recaudación.

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