Luis Caputo confirmó que este viernes se publicarán los pliegos para licitar Agua y Saneamientos Argentinos. La concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderse una década más. El Ejecutivo busca transferir el control de un servicio esencial al capital privado.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de privatizaciones y avanzará formalmente con la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El ministro de Economía Luis Caputo anunció que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para licitar el 90% de las acciones de la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según detalló el funcionario, el 10% restante quedará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El esquema oficial contempla la venta de al menos el 51% a un “operador estratégico”, mientras que el resto de las acciones se colocará en la Bolsa. La concesión tendrá una duración de 30 años y podrá extenderse por otros 10, consolidando así el traspaso de un área estratégica de infraestructura al sector privado por varias décadas.
La decisión llega después de meses de ajuste dentro de la empresa y en medio de un fuerte debate sobre el futuro de los servicios públicos. Desde el Gobierno sostienen que la privatización permitirá atraer inversiones y ampliar la red de agua y saneamiento. Caputo afirmó que el ingreso de capitales privados aportará “capacidad técnica, financiera y operativa” para mejorar la prestación. Sin embargo, la experiencia histórica de las privatizaciones de los años noventa vuelve a encender interrogantes sobre el impacto en las tarifas, el acceso universal y el control estatal sobre servicios esenciales.
En paralelo, el ministro también celebró la incorporación de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata del proyecto de cobre de Minera San Jorge, en Mendoza, y de la ampliación del emprendimiento de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy. Las iniciativas suman inversiones por más de 2.000 millones de dólares y profundizan el perfil extractivista que impulsa el Gobierno como uno de los ejes centrales de ingreso de divisas.
