La Cámara de Diputados derogó la ley que limitaba el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida llega en medio de una escalada de bloqueos, protestas sociales y una crisis económica que ya afecta el abastecimiento en varias ciudades.
Bolivia dio un nuevo paso hacia la militarización del conflicto social. Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados aprobó este martes la derogación de la Ley 1341, conocida como “Ley Copa”, que restringía la capacidad del Poder Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna y establecía controles parlamentarios sobre los estados de excepción.
La norma, sancionada en octubre de 2020 tras la crisis política que culminó con el golpe contra Evo Morales y la llegada al poder de Jeanine Áñez, había sido concebida precisamente para limitar posibles abusos represivos y evitar el uso discrecional de militares frente a protestas sociales. Ahora, tras la aprobación en Diputados y el visto bueno previo del Senado, el texto quedó en manos del presidente Rodrigo Paz, que podrá promulgarlo y avanzar hacia un eventual estado de excepción.
El oficialismo justificó la decisión por la creciente conflictividad social y los bloqueos de rutas que desde hace semanas paralizan distintas regiones del país. Según datos oficiales, este martes existían cerca de 150 puntos de corte en todo el territorio boliviano, impulsados por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, mineras y vecinales. Las protestas, encabezadas en gran parte por sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana, exigen la renuncia de Paz y denuncian el deterioro económico, la inflación y la escasez de combustibles.
Las consecuencias ya se sienten especialmente en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro, donde comenzaron a registrarse problemas de abastecimiento de alimentos, diésel e insumos médicos. En ese contexto, el Gobierno sostiene que necesita mayores herramientas para garantizar la circulación y recuperar el control territorial. Desde el oficialismo afirman que los cortes ponen en riesgo el proceso de “transformación democrática y económica” impulsado por el Ejecutivo.
Sin embargo, la derogación de la Ley Copa despertó fuertes alarmas entre organismos sociales y sectores opositores, que ven en la medida un retroceso democrático y un intento de habilitar la represión militar de las protestas populares. El temor creció todavía más después de los operativos conjuntos de fuerzas de seguridad realizados en los últimos días para despejar rutas, uno de los cuales terminó con la muerte de un manifestante de 24 años por un disparo de arma de fuego.
La tensión política y social ya ingresó en su cuarta semana consecutiva y amenaza con profundizarse. En Bolivia todavía pesa el recuerdo de las represiones posteriores a la salida de Evo Morales en 2019, cuando operativos militares y policiales dejaron decenas de muertos en las masacres de Sacaba y Senkata. Por eso, para amplios sectores sociales y políticos, la flexibilización de los límites al uso del Ejército vuelve a encender las alarmas sobre una posible escalada represiva en el país andino.
