Entidades sanitarias, académicas y de consumidores alertaron que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo representa “un grave retroceso” en materia de salud pública y derecho a la información.
Más de 300 organizaciones sociales, académicas y vinculadas a la salud pública manifestaron su rechazo al proyecto del gobierno de Javier Milei que busca eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Las entidades advirtieron que la derogación implicaría desmantelar una de las principales políticas sanitarias implementadas en los últimos años y dejaría a la población “en un estado de desprotección”.
La reacción surgió luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el expediente 186/26, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. La iniciativa propone derogar por completo la norma sancionada en 2021, que estableció los octógonos negros de advertencia en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.
Las organizaciones remarcaron que la ley no se limita al etiquetado visible en los envases. También regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, restringe estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables. Según señalaron, la eliminación de la norma implicaría borrar de manera inmediata todo ese esquema de regulación sanitaria.
Desde el Gobierno justificaron el proyecto con el argumento de reducir “limitaciones regulatorias” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del Mercosur. Sin embargo, las entidades cuestionaron esa explicación y defendieron el modelo argentino, basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, como uno de los sistemas más rigurosos de la región.
La discusión volvió a poner en escena el histórico lobby de las grandes empresas alimenticias nucleadas en COPAL. Desde el debate parlamentario de la ley, las compañías del sector cuestionaron el sistema de octógonos negros y reclamaron avanzar hacia modelos menos restrictivos. El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, había insistido en distintas oportunidades con la necesidad de “armonizar” los criterios argentinos con los utilizados en otros países.
Las organizaciones que rechazan la derogación sostuvieron, en cambio, que la evidencia acumulada desde la implementación de la ley mostró resultados positivos. Según indicaron, nueve de cada diez personas consideran que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables y más de la mitad aseguró haber cambiado hábitos de compra a partir de la presencia de las advertencias en los envases.
También destacaron que, antes de la sanción de la norma, apenas el 13% de la población lograba comprender correctamente la información nutricional tradicional incluida en los empaques. “Los octógonos democratizaron el acceso a la información”, señalaron las entidades, que reclamaron al Congreso rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
