Un informe del CEPA sobre la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026 sostiene que el 12% del gasto nacional se destina al pago de la deuda pública, una proporción superior a la suma de áreas clave como Educación, Salud, Ciencia, Vivienda y Trabajo. El estudio también advierte sobre fuertes recortes y subejecuciones en programas sociales, productivos y de infraestructura.
Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria hasta mayo de 2026 señala que el Gobierno nacional profundizó la reducción del gasto en numerosas áreas de la administración pública. Según el informe, los Servicios de la Deuda Pública representan actualmente el 12% del presupuesto, una participación superior a la suma de las partidas destinadas a Educación, Salud, Ciencia, Trabajo y Vivienda, que en conjunto no alcanzan ese porcentaje. El estudio también registra una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023.
Entre las áreas que incrementaron su participación sobresale la Secretaría de Inteligencia del Estado, que registra un aumento del 34% en comparación con 2023. En contraste, Educación representa el 4,84% del gasto total; Salud, el 4,80%; Ciencia, el 1,11%; Trabajo, el 0,78%; y Vivienda y Urbanismo apenas el 0,008%. También se redujo el peso presupuestario de programas vinculados a asistencia social, transporte, agua potable, industria y defensa, en un contexto marcado por el ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.
El informe además detecta fuertes subejecuciones en organismos y programas estratégicos. En Salud aparecen caídas en organismos como el Instituto Malbrán, la ANMAT y hospitales nacionales, mientras que en Ciencia los recortes alcanzan al CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y diversos institutos de investigación. También se registran reducciones significativas en programas de desarrollo social, con bajas cercanas al 100% en iniciativas de economía social, primera infancia y protección social, además de una disminución del 61% en los fondos destinados a comedores comunitarios y merenderos.
Las consecuencias del ajuste se reflejan en distintos puntos del país. Referentes de comedores populares en Misiones, Jujuy y Corrientes describen una creciente demanda alimentaria acompañada por una disminución de los recursos disponibles, lo que obligó a reducir la frecuencia de las prestaciones. Paralelamente, el presupuesto destinado a políticas alimentarias para 2026 prevé una reducción respecto del año anterior, mientras organizaciones sociales mantienen reclamos judiciales por la interrupción de programas de asistencia y la eliminación de registros nacionales de comedores.
La situación también alcanza al área productiva. El CEPA reporta recortes en la Secretaría de Industria, el INTI, el INTA y otros organismos vinculados al desarrollo tecnológico y agroindustrial. A ello se suman disminuciones en fuerzas federales y militares, pese al discurso oficial centrado en la seguridad. En Educación, programas como Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, las obras en jardines de infantes y la formación docente exhiben ejecuciones mínimas o directamente nulas.
Otro de los puntos señalados por el estudio es la virtual paralización de la obra pública nacional. Programas de infraestructura vial, urbana e hidráulica registran caídas de entre el 87% y el 100%, mientras que las transferencias nacionales a provincias y municipios muestran reducciones cercanas a la totalidad de los fondos que históricamente financiaban proyectos locales. Para los autores del informe, el escenario plantea interrogantes sobre la continuidad de políticas públicas esenciales y sobre el impacto futuro de la falta de inversión en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.
