El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex presidenta a respetar las condiciones de su arresto domiciliario y señaló que podrían revisarse los beneficios otorgados si se repiten situaciones que, según la resolución, alteren el orden público en las inmediaciones de su vivienda.
La Justicia emitió una advertencia formal a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su detención domiciliaria. A través de una resolución, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu le recordó la obligación de cumplir estrictamente con las condiciones fijadas para esa modalidad de arresto y señaló que, ante eventuales incumplimientos, podría disponerse su traslado a una unidad penitenciaria común.
La decisión judicial se conoció luego de las manifestaciones realizadas frente al domicilio de la titular del Partido Justicialista, ubicado en el barrio porteño de Constitución. Según el magistrado, algunos de los episodios registrados durante las concentraciones podrían considerarse incompatibles con las pautas de convivencia y tranquilidad que deben garantizarse durante el cumplimiento de una prisión domiciliaria. En particular, la resolución menciona la colocación de una bandera argentina de grandes dimensiones que atravesaba la calle entre edificios cercanos, hecho que fue interpretado como una participación activa en la convocatoria.
En su argumentación, Giménez Uriburu citó el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que habilita a los jueces a revocar el beneficio de la prisión domiciliaria cuando existan incumplimientos injustificados de las condiciones impuestas. El texto advierte que la continuidad de conductas consideradas contrarias a esas reglas podría derivar en una modificación de la modalidad de detención.
La resolución también alude a las consecuencias que las reiteradas movilizaciones tendrían sobre la vida cotidiana del barrio. Según el juez, la presencia de estructuras y concentraciones masivas en la vía pública habría generado trastornos para vecinos y comerciantes de la zona. Además, recordó que determinadas intervenciones sobre el espacio público requieren autorización previa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que algunos de los hechos observados podrían encuadrarse dentro de infracciones o contravenciones administrativas.
El planteo judicial suma un nuevo capítulo a la controversia política y legal que rodea la situación de la ex mandataria, mientras continúan las expresiones de apoyo de militantes y dirigentes que se acercan regularmente a las inmediaciones de su domicilio para manifestar respaldo frente a su condena y detención.
