El desfasaje entre ingresos y vivienda volvió a profundizarse en junio. El salario mínimo quedó por debajo de la línea de indigencia para los inquilinos, una situación que expone las crecientes dificultades de los trabajadores para acceder a un alquiler.
El mercado de alquileres volvió a mostrar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos. Durante junio, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubicó en torno a los 234.000 pesos, mientras que el valor promedio de un monoambiente alcanzó los 245.000 pesos. La diferencia implica que un trabajador que percibe el ingreso mínimo legal ya no puede cubrir únicamente el costo del alquiler de la vivienda más económica disponible en el mercado formal.
La brecha refleja una tendencia que se consolidó en los últimos meses: los precios de los alquileres continúan avanzando por encima de la evolución de los salarios. A ello se suman gastos adicionales como expensas, servicios e impuestos, que incrementan aún más el esfuerzo económico necesario para sostener una vivienda. En este contexto, organizaciones de inquilinos advierten sobre un creciente nivel de vulnerabilidad habitacional, especialmente entre jóvenes, trabajadores informales y familias con ingresos bajos.
El escenario también reavivó el debate sobre el funcionamiento del mercado tras la derogación de la Ley de Alquileres. Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitió ampliar la oferta de inmuebles, distintos sectores cuestionan que esa mayor disponibilidad no se tradujo en una mejora de la accesibilidad para los inquilinos. Con contratos que suelen actualizarse de manera periódica según la inflación, muchas familias enfrentan dificultades para renovar acuerdos o sostener los pagos, en un contexto donde el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.
