La conducción de la central obrera buscará coordinar acciones con otras centrales sindicales, fortalecer los conflictos sectoriales y avanzar hacia una marcha federal, mientras parte de la dirigencia sostiene que la salida de fondo será política y no exclusivamente gremial.
El Consejo Directivo de la CGT resolvió aplazar sin fecha un nuevo paro general, a pesar del escenario abierto por la reglamentación de la ley de modernización laboral y de las más de 800 convocatorias enviadas por la Secretaría de Trabajo para revisar convenios colectivos sectoriales y de empresa. La definición se produjo luego de una extensa reunión en la sede de Azopardo, donde el debate pasó tanto por la estrategia sindical como por la forma de comunicar una decisión que contrastó con el duro diagnóstico que la central había llevado días antes a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, para denunciar el avance oficial sobre los derechos laborales.
Al término del encuentro, Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de conducción, anunció el inicio de un plan de acción conjunto con las demás centrales sindicales para avanzar, de manera gradual, hacia un paro nacional acompañado por una marcha federal, además de convocar a las regionales y a un plenario de secretarios generales. Sin embargo, detrás de esa formulación quedó claro que la CGT no impulsará una medida de fuerza de alcance nacional al menos hasta agosto y una vez finalizado el Mundial de fútbol. En la misma línea, el cosecretario general Cristian Jerónimo explicó que la central irá evaluando la evolución del escenario mientras acompaña conflictos puntuales, como las protestas de los jubilados o la situación en Granja Tres Arroyos.
La conducción cegetista considera que todavía no existe el clima necesario para un nuevo paro general y que antes es indispensable «calentar motores» mediante conflictos sectoriales. Según dirigentes sindicales, esa estrategia fue consensuada previamente, por lo que la reunión transcurrió sin enfrentamientos entre quienes promovían una medida más contundente, como un paro de 36 horas, y los sectores más moderados. En ese marco, la conducción mantuvo contactos con las confederaciones industrial, de la energía y del transporte, además de referentes combativos como Daniel Yofra, de la Federación Aceitera, y el camionero Pablo Moyano, con el objetivo de unificar posiciones.
No obstante, algunas situaciones generaron malestar interno. Una de ellas fue la reunión que Héctor Daer mantuvo con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mientras sesionaba el Consejo Directivo. Desde algunos sectores cuestionaron el encuentro debido a que el diputado nacional José Garrido, alineado con Vidal, aportó el quórum que permitió aprobar la reforma laboral impulsada por el oficialismo. También despertó críticas la decisión del SMATA, conducido por Ricardo Pignanelli y Mario «Paco» Manrique, de aceptar en un acuerdo con la empresa Mirgor la incorporación del banco de horas previsto por la reforma laboral. El convenio permite a la compañía administrar con mayor flexibilidad la distribución de 200 horas mensuales de trabajo y, según advierten distintos dirigentes, ejerce presión sobre la UOM para adoptar un esquema similar en la planta fueguina de Río Grande, además de representar un aval a uno de los aspectos centrales de la política laboral del Gobierno.
Pese a esos antecedentes, Jerónimo sostuvo que no observa avances significativos en la modificación de las condiciones laborales dentro de los distintos sectores y reiteró que el objetivo inmediato consiste en construir el consenso necesario antes de convocar a una medida nacional. «Sobran condiciones y excusas para hacer un paro», afirmó, aunque insistió en que una protesta de esa magnitud requiere tiempo y una preparación que garantice su eficacia. En ese sentido, la conducción mantiene como horizonte la realización de un paro general acompañado por una gran marcha federal, con la intención de que ambas iniciativas tengan el mayor impacto posible.
Sin embargo, la demora también responde a consideraciones políticas. El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, planteó que el cambio de rumbo dependerá de la construcción de una alternativa política capaz de modificar el escenario en las elecciones de 2027. Esa visión fue compartida por Jerónimo, quien sostuvo que un paro nacional por sí solo no resolverá la situación y que la verdadera salida será política. Incluso cuestionó a sectores del peronismo por acompañar iniciativas legislativas del oficialismo y llamó a reconstruir un espacio que vuelva a resultar atractivo para la sociedad mediante una mayor transversalidad y una competencia interna que fortalezca al movimiento. Para buena parte de la conducción sindical, ese es el objetivo estratégico que orienta la actual etapa de la CGT.
En paralelo, el artículo advierte que la reforma laboral también avanza en la Ciudad de Buenos Aires. A través del Decreto 230/26, el gobierno de Jorge Macri incorporó al ámbito porteño aspectos de la reglamentación nacional vinculados al derecho de huelga. La norma establece que, durante las medidas de fuerza, el servicio de recolección de residuos deberá garantizar un funcionamiento del 75%, mientras que el subte y los colectivos, considerados ahora servicios «trascendentales», deberán mantener una prestación mínima del 50%, cuya aplicación quedará bajo la órbita del SBASE y de las secretarías porteñas de Transporte y Trabajo.
