La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó las denuncias presentadas por la conducción del hospital y confirmó que las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores no constituyeron un delito. Desde el gremio consideraron que el fallo respalda el derecho a la protesta.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la desestimación de las denuncias vinculadas con las protestas realizadas por trabajadores del Hospital Garrahan durante 2025 y sostuvo que existió «inexistencia de delito» en las medidas de fuerza llevadas adelante en el marco del conflicto con la conducción del establecimiento y el Ministerio de Salud. La decisión representa un nuevo revés judicial para las autoridades del hospital, que habían impulsado las presentaciones durante el desarrollo del conflicto gremial.
La resolución fue difundida por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que señaló que el tribunal rechazó las denuncias promovidas por el director del hospital, Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones. Según destacaron desde el sindicato, la Cámara ratificó el criterio adoptado en la instancia anterior, donde el magistrado instructor había resuelto desestimar las actuaciones por inexistencia de delito. «Quedó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud durante todo el año pasado», señalaron desde la organización.
La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que las distintas resoluciones judiciales «les fueron dando la razón» y valoró la intervención de la jueza María Servini en el sumario administrativo abierto contra unos 40 trabajadores por participar de las protestas. Según indicó, la magistrada convocó a prestar declaración a los involucrados para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto.
En ese contexto, Lezana volvió a cuestionar la gestión de Pirozzo, a quien acusó de impulsar una conducción con fines políticos, de avanzar sobre áreas del hospital y de promover medidas de hostigamiento contra representantes gremiales. Además, recordó que la Justicia laboral ya había sostenido anteriormente que «protestar no es delito» al analizar las medidas adoptadas por los trabajadores frente a los reclamos por salarios, el funcionamiento del hospital y las condiciones laborales. «La protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores», concluyó la dirigente sindical.
