Un amplio frente de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos convocó a concentrarse frente al Congreso el próximo 6 de agosto para rechazar el paquete de leyes impulsado por el Gobierno, al que acusan de favorecer la extranjerización de tierras y limitar la capacidad de control del Estado.
Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una movilización frente al Congreso para el próximo 6 de agosto, cuando el Senado debatirá el paquete de proyectos impulsado por el Gobierno nacional que incluye la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el llamado «Súper RIGI».
Las entidades presentaron un documento en el que sostienen que ambas iniciativas forman parte de una misma estrategia y advirtieron que significan una cesión de soberanía sobre recursos estratégicos. Según señalaron, los proyectos funcionan como «dos llaves de la misma cerradura» para facilitar el acceso de capitales extranjeros a la tierra, el agua, la energía y otros bienes comunes.
Entre los cuestionamientos, las organizaciones sostienen que el paquete favorecería la instalación de grandes corporaciones en territorios con recursos estratégicos, especialmente en la Patagonia, y alertan que limitaría la capacidad del Estado y de las provincias para regular esas inversiones durante tres décadas.
Además, señalaron que las reformas implicarían una pérdida de recursos para las provincias y afectarían el financiamiento del sistema previsional sin generar un impacto significativo en materia de empleo.
Desde la organización Géneras, Micaela Sánchez Malcolm afirmó que las iniciativas conforman «una arquitectura diseñada para el saqueo», al combinar la flexibilización de la compra de tierras con modificaciones al régimen societario y un esquema de estabilidad jurídica para las inversiones.
En la misma línea, Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, advirtió que la aprobación del «Súper RIGI» implicaría limitar la capacidad de los gobiernos para modificar regulaciones laborales, ambientales o de derechos humanos durante 30 años, bajo riesgo de demandas internacionales.
Por su parte, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sostuvo que la reforma de la Ley de Tierras forma parte de un programa destinado a eliminar los límites que protegen los territorios nacionales frente a grandes fondos de inversión y corporaciones extractivas.
También se expresó el secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Ernesto Alonso, quien consideró que existe una contradicción entre defender la soberanía sobre las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, impulsar normas que —según afirmó— facilitan la extranjerización del territorio continental.
Convocatoria para el 6 de agosto
Las organizaciones llamaron a concentrarse frente al Congreso el 6 de agosto, fecha prevista para el tratamiento de los proyectos en el Senado, y reclamaron a los legisladores que rechacen tanto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el «Súper RIGI».
En el documento difundido, argumentaron que ambas iniciativas funcionan de manera complementaria. Según explicaron, la reforma de la Ley de Tierras elimina restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros; las modificaciones a la Ley de Sociedades permitirían ocultar la identidad de los compradores mediante estructuras societarias; y el «Súper RIGI» otorgaría estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, limitando la capacidad de intervención del Estado.
La convocatoria cuenta con el respaldo de más de una veintena de organizaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Jóvenes por el Clima, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), ATTAC Argentina, Transnational Institute (TNI), CEPPAS y diversas organizaciones ambientales, sindicales y sociales.
