El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictó penas de hasta 17 años para policías, abogados y funcionarios judiciales que operaron entre 2012 y 2015 con testigos falsos, robos de droga y extorsiones. El exfiscal Claudio Scapolan, ya destituido, aparece como el eslabón que ordenaba los procedimientos truchos.
El veredicto llegó después de casi dos años de juicio oral y dejó una estampa judicial inédita: 24 condenas y apenas seis absoluciones para una organización que, según los jueces, funcionó como una «empresa criminal» dentro de la propia estructura del Estado. La sentencia, que se conoció la semana pasada, alcanza a oficiales de alto rango de la Policía Bonaerense, abogados particulares y empleados judiciales que, entre 2012 y 2015, convirtieron la persecución del narcotráfico en un negocio paralelo.
El tribunal –integrado por la jueza Silvina Mayorga, y los magistrados Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez– consideró acreditado que la banda utilizaba recursos del Estado para montar procedimientos falsos, robar cargamentos de cocaína y venderlos de nuevo en el mercado ilegal. El sistema, además, se sostenía con testigos pagos y sobornos que garantizaban la impunidad de los uniformados.
La pena más alta, 17 años de prisión, recayó sobre el exteniente Adrián «Palermo» Baeta y el comisario Marcelo Di Rosa, exjefe de la división Drogas Ilícitas de Quilmes. Con la misma condena fueron sentenciados el exsubcomisario Juan José Magraner y el excomisario Roberto Okurzati, titular de la Delegación de Lucha contra el Tráfico Ilícito de San Isidro. Los abogados Francisco García Maañón y Matías Pedersoli recibieron penas de 3 y 2 años y medio, respectivamente, por extorsión.
Uno de los datos que sacudió el expediente fue la participación de un policía colaborador, que declaró bajo protección y aportó las pruebas suficientes para destrabar el entramado. Ese testigo, que participó en el robo de media tonelada de cocaína durante el operativo «Leones Blancos» en diciembre de 2013, permitió reconstruir la logística de la organización y señalar a los jefes que daban las órdenes.
El fallo también dejó al descubierto la doble vara judicial que protegió a los acusados durante años. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actuó como querellante hasta que fue apartada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, señaló que la defensa de los policías logró su exclusión con dos votos contra uno. El organismo, que hoy espera un pronunciamiento de la Corte Suprema, participó igualmente como veedor en el juicio y reclamó que se amplíen las investigaciones a otros funcionarios judiciales y abogados que aún no fueron juzgados.
El nombre del exfiscal Claudio Scapolan aparece como el eslabón superior de la red. Destituido por juicio político, el magistrado de San Isidro era, según la acusación, quien daba las órdenes operativas y garantizaba cobertura institucional a los procedimientos armados. Aunque no fue parte de este juicio, su sombra recorrió todo el debate oral.
El único testigo vivo que declaró como imputado colaborador es Carlos Daniel Maidana, un expolicía federal de 59 años que en mayo de 2025 denunció abandono de persona y complicidad judicial. Maidana, que actualmente enfrenta causas por intentos de robo a bancos en Morón y Baradero, apuntó directamente contra la jueza Victoria García Mañón –tía del abogado condenado Francisco García Maañón– por tener su tutela penal y no apartarse del expediente.
El expediente «Leones Blancos» no solo expuso la corrupción sistémica de una fuerza de seguridad, sino que confirmó una tesis que ya habían desarrollado investigadores y periodistas: el narcotráfico no se combate desde afuera, sino que se administra desde adentro. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 7 de octubre, y la causa sigue abierta en la Corte para determinar si la CPM vuelve a la querella y si se profundiza la investigación sobre los abogados y jueces que facilitaron la impunidad.
