El Gobierno estableció por decreto un piso salarial de apenas $437.000 para abril de 2027, mientras que una familia necesita $1,56 millones para no ser considerada pobre. Las centrales obreras habían reclamado $993.000. El salario mínimo ya perdió 40,5% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei.
El Gobierno de Javier Milei volvió a descargar el ajuste sobre los trabajadores: fijó en $437.000 el Salario Mínimo Vital y Móvil que regirá en abril de 2027, una cifra que seguirá por debajo de la línea de indigencia y representará apenas poco más de una cuarta parte de lo que necesita una familia para no caer en la pobreza.
La decisión fue tomada de manera unilateral después de que fracasara la reunión del Consejo del Salario. Las centrales obreras habían reclamado un salario mínimo de $993.000 para diciembre, mientras que las cámaras empresarias habían ofrecido $437.707 para abril del año próximo. El Gobierno terminó fijando un monto incluso inferior al ofrecido por los empresarios y decidió aplicarlo en ocho pequeños aumentos mensuales.
El salario mínimo, que actualmente es de $376.600, pasará a $383.800 en septiembre y aumentará de manera escalonada hasta llegar a $437.000 en abril de 2027. Es decir, en ocho meses apenas sumará $60.400. Para entonces, seguirá muy lejos de los $708.016 correspondientes a la línea de indigencia y de los $1.564.716 necesarios para cubrir la Canasta Básica Total, utilizada para medir la pobreza.
El cronograma establecido por el Gobierno prevé aumentos de aproximadamente $7.500 mensuales: $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. En 2027 continuará con $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente $437.000 en abril. El valor de la hora laboral quedará entonces en apenas $2.185.
La magnitud del deterioro queda todavía más clara al mirar la evolución del salario durante la actual gestión. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo perdió un 40,5% de su poder adquisitivo. El nuevo esquema no revierte esa caída: consolida un piso salarial que no alcanza siquiera para cubrir las necesidades alimentarias básicas de un trabajador y su familia.
El salario mínimo, además, no es solamente una referencia para los trabajadores registrados. Su valor incide sobre prestaciones como el seguro de desempleo, becas universitarias y el monto de los salarios que no pueden ser embargados. También funciona como referencia para distintas relaciones laborales en organismos y entidades del Estado.
En el caso de la prestación por desempleo, la normativa establece que será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese, pero con un piso del 50% y un techo equivalente al 100% del salario mínimo vigente.
La resolución alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado Nacional que actúen como empleadores.
Así, mientras el Gobierno sostiene que su política económica busca mejorar los ingresos y las condiciones de vida, el salario mínimo queda fijado en un nivel que ni siquiera permite superar la indigencia. Para los trabajadores, el resultado del Consejo del Salario es claro: el piso que el Estado reconoce como remuneración mínima seguirá siendo insuficiente para vivir.
