Organizaciones ambientalistas y excombatientes denunciaron ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas, israelíes y canadienses. Reclaman suspender las obras y perforaciones y bloquear el financiamiento de la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
Ambientalistas y excombatientes recurrieron a la Justicia para intentar frenar el megaproyecto petrolero offshore Sea Lion, que empresas extranjeras desarrollan en la Cuenca Malvinas Norte. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande y reclama una medida cautelar para suspender las obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino, además de interrumpir el financiamiento del proyecto.
La presentación fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que promovieron una “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”. Los denunciantes sostienen que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas en las islas no pueden reemplazar las evaluaciones y permisos ambientales exigidos por la legislación argentina.
El proyecto Sea Lion es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, con participación de capitales internacionales. La explotación se realizaría en la Cuenca Malvinas Norte y, según las proyecciones conocidas, la producción comenzaría en marzo de 2028 y podría alcanzar unos 50.000 barriles diarios hacia 2032.
La denuncia también cuestiona la falta de reacción del Estado argentino frente al avance de la explotación petrolera. Los abogados sostienen que la inacción prolongada puede afectar la posición jurídica del país: “En el derecho internacional los silencios producen efectos”, advierte el escrito, que señala que la falta de respuesta de un Estado frente a los actos de otro puede debilitar su propia posición.
El reclamo tiene antecedentes. En 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Estado argentino había impulsado una denuncia penal contra empresas que realizaban actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental argentina. La causa todavía tramita en la Justicia Federal de Río Grande y en ese expediente se ordenaron embargos y medidas contra compañías internacionales.
La legislación argentina había convertido además en delito la explotación de hidrocarburos en territorio nacional sin autorización. A partir de esa normativa, el Gobierno de Alberto Fernández inició posteriormente un proceso de sanciones contra empresas vinculadas con el proyecto, entre ellas Navitas Petroleum, que había aportado el capital necesario para reactivar Sea Lion.
En 2020, la administración de Fernández había enviado una nota a Navitas para advertirle que sus actividades se desarrollaban sobre territorio argentino sin autorización y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Al año siguiente, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la Cuenca Malvinas Norte.
Los denunciantes cuestionan que esas acciones no hayan tenido continuidad frente al actual avance del proyecto. Para Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los abogados que impulsó la presentación, se trata de “petróleo de los argentinos” y de una oportunidad de desarrollo que el país está dejando avanzar sin intervenir.
El avance del proyecto petrolero ocurre mientras el Gobierno de Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso a partir de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía de las islas. Sin embargo, la denuncia sostiene que el problema excede las declaraciones diplomáticas: mientras se discute la soberanía, un proyecto de explotación de recursos naturales argentinos avanza sobre la Cuenca Malvinas Norte.
