El proyecto enviado por el Gobierno plantea modificaciones en el régimen de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad. Diputados opositores cuestionaron la eliminación del esquema de aranceles homogéneos y advirtieron sobre cambios permanentes en leyes vigentes.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso abrió un nuevo frente de discusión por las políticas destinadas a las personas con discapacidad. La iniciativa incluye modificaciones y derogaciones de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambios sobre normas que regulan las prestaciones y las pensiones no contributivas.
Los cambios aparecen en el capítulo VI del proyecto y alcanzan aspectos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, además de introducir modificaciones en los regímenes establecidos por las leyes 13.478 y 24.901. Entre los puntos cuestionados se encuentra el mecanismo utilizado para determinar los valores de las prestaciones.
Uno de los principales cambios señalados por legisladores opositores es que el sistema dejaría de contemplar valores homogéneos de los aranceles para los distintos financiadores. La propuesta establece que la universalidad de la atención no implica necesariamente la homogeneidad de los aranceles y contempla un piso prestacional común.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó ese punto y sostuvo que la modificación elimina dos criterios vigentes: la igualdad de los aranceles para obras sociales, prepagas y el Estado, y su mecanismo de actualización. Para el legislador, el nuevo esquema podría generar mayor fragmentación e incertidumbre entre prestadores y beneficiarios.
Cambios en las pensiones por discapacidad
El proyecto también genera controversia por las modificaciones previstas en el régimen de pensiones no contributivas. Entre los cuestionamientos opositores aparece el posible regreso a un criterio centrado en la invalidez laboral para determinar el acceso al beneficio, en lugar del enfoque más amplio contemplado por la normativa de discapacidad.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino sostuvo que estas modificaciones implicarían abandonar el modelo social basado en derechos humanos y cuestionó que reformas permanentes a leyes de fondo sean incorporadas dentro del Presupuesto.
Marino también planteó objeciones jurídicas al procedimiento. Según argumentó, introducir modificaciones permanentes mediante la ley presupuestaria entraría en conflicto con el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y con los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. Se trata, por el momento, de la interpretación jurídica formulada por el legislador, ya que el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario.
La discusión coincide con el pedido para extender la emergencia
La presentación del Presupuesto ocurre mientras organizaciones vinculadas a la discapacidad y sectores de la oposición impulsan en el Congreso una nueva prórroga de la emergencia.
Las organizaciones vienen reclamando, entre otros puntos, por demoras en la tramitación de Certificados Únicos de Discapacidad, la situación de las pensiones no contributivas y los valores de las prestaciones. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que avanzaron en el ordenamiento de los circuitos de pagos y actualizaciones y plantean la necesidad de reorganizar el sistema.
El debate ahora quedará en manos del Congreso. El Presupuesto 2027 es todavía un proyecto de ley, por lo que las modificaciones propuestas sobre discapacidad deberán ser discutidas por diputados y senadores antes de entrar en vigencia.
La controversia se suma así a una discusión que atravesó buena parte de los últimos años: cómo financiar las prestaciones, actualizar sus valores y definir los criterios de acceso a las políticas destinadas a las personas con discapacidad, ahora con cambios estructurales incluidos dentro del principal proyecto económico que el Ejecutivo envía al Congreso.
