Los abogados de la expresidenta sostienen que documentación incorporada a la causa Cuadernos muestra que las empresas de Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos analizados del fideicomiso vinculado al decreto 54/2009. El planteo será llevado ante la ONU y la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo elemento con el que buscará revisar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. Se trata de información proveniente de Vialidad Nacional que fue incorporada durante el juicio de la causa Cuadernos y que, según sus abogados, cuestiona uno de los argumentos utilizados en el fallo.
El dato central indica que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los fondos analizados correspondientes al fideicomiso alcanzado por el decreto 54/2009 entre 2009 y 2015. La defensa sostiene que esa proporción contradice la hipótesis de que el mecanismo haya sido creado para direccionar recursos especialmente hacia el Grupo Austral.
La información surgió a partir de documentación sobre la que declaró Darío Andrés Levy, exempleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional, como testigo en la causa Cuadernos. A partir de esos registros, el equipo de la expresidenta encargó un análisis técnico de la distribución de los fondos.
Según los datos difundidos por los abogados, durante el período estudiado se distribuyeron más de USD 2.000 millones, mientras que las empresas de Báez recibieron alrededor de USD 18,6 millones. Además, el Grupo Austral no aparece entre las compañías que concentraron las mayores asignaciones.
Qué cuestiona la defensa
Uno de los puntos discutidos en la causa Vialidad fue el decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner. La norma incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos como beneficiarios del fideicomiso creado previamente por el decreto 976/2001 para financiar infraestructura vial.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego argumentan que los nuevos registros permiten discutir la interpretación realizada sobre el destino de esos recursos. Su posición es que, si el Grupo Austral recibió menos del 1% de los fondos considerados, ese dato debe ser evaluado al revisar la hipótesis de un direccionamiento deliberado en favor de Báez.
La defensa recordó además que durante el juicio había solicitado analizar el universo completo de obras y pagos para comparar lo ocurrido en Santa Cruz con el resto del país. Ahora sostiene que la documentación explicada por Levy permite realizar parte de esa comparación.
El planteo llegará a la ONU y a Casación
El equipo jurídico anunció que incorporará la nueva información a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cuestiona la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, anticipó que impulsará un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. La estrategia buscará que la nueva documentación sea evaluada como un elemento que no había sido considerado al momento de dictarse la sentencia.
Los abogados pretenden también conseguir una medida que suspenda los efectos de la inhabilitación mientras se analiza el planteo. La presentación, sin embargo, no modifica por sí misma la condena vigente: será necesario que los organismos y tribunales competentes determinen qué alcance jurídico corresponde otorgarle a la nueva evidencia.
La aparición de los registros provenientes de Vialidad abre así un nuevo capítulo judicial alrededor de la causa: la defensa de Cristina Kirchner buscará utilizarlos para cuestionar fundamentos de la sentencia y avanzar con una revisión tanto en el ámbito internacional como ante la Justicia argentina.
