El consorcio integrado por el empresario Mauricio Filiberti ganó la compulsa para quedarse con la compañía de agua y saneamiento del AMBA, por debajo de los US$ 500 millones que esperaba recaudar Economía. El contrato prevé inversiones por US$ 15.040 millones durante 30 años, mientras el Gobierno vuelve a poner en manos privadas un servicio esencial.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la reprivatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y eligió como ganador al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, vinculado al empresario Mauricio Filiberti. La oferta fue de US$ 340,2 millones por el 90% de las acciones, por encima de los US$ 285 millones propuestos por el grupo encabezado por Roggio, pero lejos de los US$ 500 millones que pretendía obtener el Ministerio de Economía.
La operación devuelve al sector privado el control de la empresa que abastece de agua potable y presta servicios de saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Creada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, AySA había quedado bajo control estatal después de la salida de la concesionaria privada que operó durante los años noventa. La adjudicación todavía debe atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación.
El 10% restante de las acciones continuará en manos del sindicato que conduce Omar Lingeri. El consorcio ganador también asumirá una deuda de US$ 70 millones de la compañía. Con esos números, la oferta equivale a una valuación de unos US$ 378 millones por el total de las acciones, sin contar otros compromisos económicos asociados a la concesión.
El negocio incluye un contrato por 30 años y un programa de inversiones millonario. Según informó el grupo adjudicatario, el compromiso contempla desembolsos por US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años y US$ 15.040 millones a lo largo de toda la concesión. El plan presentado por el Gobierno para el período 2027-2031, por su parte, establece un presupuesto de acción de $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA.
De ese monto, $1,13 billones se destinarían a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a la operación del servicio. El nuevo contrato fija además metas de cobertura para 2031: 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas. Al cierre del período inicial de la concesión, los niveles mínimos previstos deberán alcanzar el 90% y el 75%, respectivamente.
Para justificar la privatización, el Ejecutivo cuestionó la gestión estatal de AySA y aseguró que la compañía recibió más de US$ 13.400 millones en transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023. También señaló que un tercio del área concesionada todavía no tiene acceso a agua potable y cloacas, que el agua no contabilizada representa el 42% y que la morosidad trepó del 4% al 16%. Según el comunicado oficial, los costos operativos aumentaron un 80%.
El argumento oficial deja planteada una discusión sobre el destino de los recursos públicos invertidos durante casi dos décadas y las obligaciones que ahora deberá cumplir el nuevo operador. El Gobierno sostiene que la gestión privada permitirá mejorar la red y ampliar la cobertura; el desafío será determinar si las metas comprometidas se traducen efectivamente en obras y acceso al servicio para los usuarios.
El consorcio designó como operador técnico a Arcos Saneamento e Participações, firma del Grupo Equipav que opera servicios de agua y cloacas en Brasil. De acuerdo con la información difundida por los adjudicatarios, la compañía tiene presencia en 15 estados y más de 890 municipios, y presta servicios a más de 39 millones de personas.
La reprivatización de AySA se inscribe en la política de reducción de la participación estatal que impulsa Milei. La empresa vuelve así a manos privadas bajo un esquema de concesión de largo plazo, con inversiones comprometidas y objetivos de cobertura que deberán ser controlados. El punto central será qué obligaciones concretas asume el nuevo operador, cómo se fiscaliza su cumplimiento y cuánto terminarán pagando los usuarios por un servicio indispensable.
