El diputado y exmano derecha de Patricia Bullrich entregó al Juzgado un teléfono que salió a la venta recién después del intento de magnicidio. “Es una burla”, reprochó la querella. Además, un testimonio complica a la ExMiss Argentina Carolina Gómez Mónaco y la causa por enriquecimiento ilícito a Milman y la sociedad Salvattore Group.
La querella de Cristina Fernández de Kirchner denunció en la causa por su intento de magnicidio que Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) entregó a la jueza María Eugenia Capuchetti, en un supuesto gesto de colaboración, un celular que no tenía al momento del atentado y que tampoco utilizó en la diez semanas posteriores. El modelo, señala la presentación, es un iPhone 14 Pro que salió a la venta en Estados Unidos en septiembre de 2022, después del atentado, que fue el primer día de ese mes. Hay otros tres aparatos que el diputado no aportó, “dos de los cuales sí habría usado” en aquella época. En otra causa el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Milman y un grupo de colaboradores/as. Se investiga un posible enriquecimiento ilícito y desvío de fondos durante su gestión como número dos de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, en el gobierno de Mauricio Macri.
Los teléfonos y más
Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, pidieron “con urgencia” que Capuchetti ordene “el allanamiento de todas las viviendas de Gerardo Milman” para secuestrar “todos sus dispositivos electrónicos”. El análisis del celular o celulares del diputado había sido requerido por el fiscal Carlos Rívolo, rechazado por Capuchetti, luego aprobado por la Cámara Federal y hasta por la Cámara de Diputados. Pero como el legislador apeló, ahora debe definir la Cámara Federal de Casación Penal. El exmano derecha de Bullrich no tenía obligación, aun, de entregar su teléfono pero su abogado Manuel Barros, se presentó el 22 de agosto último en el juzgado y ofreció un celular, como aparente gesto de colaboración y para que quedara a resguardo. “Su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación”, señaló la querella para explicar su planteo.
La fiscalía había pedido el tráfico de IMEI (un código de identificación) de ese y otros aparatos de Milman a las empresas prestatarias. Como es habitual, junto con el IMEI fueron enviadas las llamadas entrantes y salientes. La jueza guardó esa información en la caja fuerte e impidió que la vieran las partes. La querella volvió a reclamar el acceso. Pero con los pocos datos accesibles (solo los IMEI) pudo ver que “Milman entregó un celular posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia”. “Su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la justicia”, advirtieron los abogados. Plantearon que “quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado”. Dijeron que la experiencia por ahora indica que “las dilaciones causadas por el accionar jurisdiccional han permitido el borrado de prueba y obstruido la búsqueda de la verdad”.
La “pista Milman” había comenzado cuando el testigo Jorge Abello dijo haber escuchado al diputado en el bar Casablanca de la esquina del Congreso decir, dos días antes del atentado contra CFK, “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. A las dos mujeres que estaban con él, sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, Capuchetti no les quiso secuestrar los teléfonos pese a que mintieron en su declaración. Los presentaron el 1° de diciembre, tras una orden de la Cámara. La primera dijo que tenía un aparato nuevo, la segunda que había borrado todo. Ivana volvió a declarar en mayo último y confesó que el borrado no fue voluntario sino que su compañera la había llevado a una oficina de Bullrich donde esperaban un perito que se ocuparía de vaciar el dispositivo y Milman, a quien según la joven también “le manipularon” el celular. A Gómez Mónaco, comentó, la mandaron comprar un teléfono nuevo. Tenía, reveló, otro más. Rívolo pidió incautar los celulares de Milman y el oculto de Gómez Mónaco.
El mismo modelo de iphone que presentó el diputado es el que intentaron peritar de Gómez Mónaco. “Es un dispositivo que no puede ser analizado por la tecnología de análisis celulares disponible si no se conoce el patrón de seguridad, tal como quedó demostrado cuando se quiso peritar el celular de Gómez Mónaco”, hizo notar la querella. Por lo que concluyó que el celular nuevo de Milman no sólo no había sido utilizado antes del atentado y días posteriores, sino que sería difícil de analizar.
Cuando este año declaró Bohdziewicz y describió el encuentro para borrar o alterar los celulares en Avenida de Mayo 953 (el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que dirige Bullrich), la querella pidió una larga lista de medidas que no se concretaron y que ahora reclama. Por ejemplo, las cámaras de seguridad de ese edificio, e incluso las del bar donde se encontraron antes las asesoras; identificar al perito y al abogado que las asesoraba para el borrado de los teléfonos; qué se hizo exactamente con los celulares; nómina del personal del IEES; quién es el chofer que buscó allí a las mujeres.
Sorpresa
Ubeira y Aldazabal pidieron que se cite a declarar a Nadia Ayelén Mir. Es la expareja de Adrián Daga, hermano de Fernando Daga, socio y pareja de Gómez Mónaco. Mir denunció a Adrián Daga y declaró en un tribunal en San Martín: contó que vivían a dos cuadras de la casa de Brenda Uliarte (detenida como coautora del intento de asesinato de la vicepresidenta) y que él le pedía mudarse en agosto del año pasado, antes del ataque a CFK. Después le pidió a ella que renunciara a su trabajo en el Municipio de San Miguel. Cuando apareció el nombre de Gómez Mónaco en la causa, según Mir, él estaba nervioso y habría pedido que apague el celular si hablaban del tema. Algo impactante: la mujer testificó que “Gómez Mónaco dijo, varias veces, que (Fernando) Sabag Montiel (el hombre detenido por intentar matar a la vicepresidenta) tendría que haber disparado bien y que era un novato”, revela la querella. “En esas ocasiones, Daga habría explicado cómo disparar con lujo de detalles”, ya que es gendarme.
Más acusaciones
Por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, el juez Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Milman, Gómez Mónaco, su hermana Daniela, las parejas de ambas, la empresa Salvattore Group y Graciela Bamonde. Se investiga el posible enriquecimiento y desvío de fondos durante la gestión de Milman en el Ministerio de Seguridad que comandaba Bullrich, donde designó a la exMiss argentina Carolina Gómez Mónaco en septiembre de 2017 como jefa de Planeamiento Estratégico (abarcaba varias áreas, incluso la Escuela de inteligencia) y a su hermana Daniela como jefa de administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con posible manejo de fondos reservados. Para la misma fecha se creó en 24 horas la firma Salvattore que era un centro de estética que lleva el nombre de Luxa Models, en avenida Corrientes 1035. En los papeles, la armaron Carolina y Fernando Daga. Hasta junio de 2019 no tuvo actividad, nunca presentó libros contables, no tendría cuentas ni dinero en caja. El sistema Nosis habría determinado que tenía una facturación de entre 10 y 50 millones de pesos según el año. Bamonde y Gómez Mónaco son dueñas del inmueble.
El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, afirmó que es una sociedad pantalla. Las medidas de Ercolini incluyen información sobre los inmuebles de todos y registros de la propiedad automotor. En una de las presentaciones que hizo el abogado denunciante Yamil Castro Bianchi informó que en marzo de este año las hermanas Gómez Mónaco y sus parejas, Daga y Pablo Benulich, habrían adquirido cuatro departamentos en el edificio Workjoy en Palermo. Según reveló en un video el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) las unidades se ofrecían para blanqueo o Airbnb a unos 100 mil dólares. El juez pidió saber si Milman y el resto tienen reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Información Financiera (UIF) o sin han sido blanco de denuncias por lavado de dinero que registre la Procuraduría antilavado.
FUENTE: Página 12.
