El Gobierno hizo un recorte millonario del programa nacional de cáncer y desde el sector advierten por faltantes, demoras y deterioro en la atención. El Posadas y el Roffo denuncian falta de personal, problemas de infraestructura y sobrecarga laboral.
La reestructuración del Presupuesto 2026 impulsada por el gobierno de Javier Milei profundizó las alarmas en el sistema sanitario. Entre los más afectados aparece el área destinada a la prevención y tratamiento del cáncer: el Programa 65 del Ministerio de Salud sufrió un recorte de $5000 millones sobre los poco más de $15 mil millones que tenía asignados originalmente. La poda presupuestaria se suma a la reducción de personal en el ex Instituto Nacional del Cáncer, que perdió cerca del 60% de su planta desde fines de 2023, y a las denuncias por dificultades crecientes para acceder a medicamentos oncológicos.
Desde la cartera que conduce Mario Lugones sostuvieron que la integración del antiguo instituto a la estructura ministerial permitió “ahorros administrativos” y una compra centralizada de drogas de alto costo. Según el Gobierno, la atención y los tratamientos “están garantizados”. Sin embargo, trabajadores del área y especialistas advierten que el impacto ya se percibe en hospitales y provincias. Una investigación de la Red Federal de Periodismo e Innovación publicada por Chequeado mostró un aumento de rechazos en pedidos de medicación oncológica en distintos distritos. En Santa Fe, por ejemplo, las negativas del Banco Nacional de Drogas Especiales pasaron de 1372 en 2024 a 2525 durante 2025.
En la Asociación Argentina de Oncología Clínica alertaron además por un fuerte incremento en los rechazos de tratamientos por parte de prepagas y PAMI. “Tenemos una situación alarmante”, señaló el presidente de la entidad, Rubén Kowalyszyn, quien también cuestionó la falta de definiciones sobre el futuro de la política nacional de control del cáncer. El oncólogo Daniel Gómez, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer, advirtió que el ajuste afecta desde la prevención hasta los cuidados paliativos: “Hay evidencia robusta de discontinuidad, demoras y traslado de costos a provincias y familias”.
La situación impacta especialmente en hospitales públicos y universitarios. En el Hospital Posadas, profesionales denunciaron falta de personal y dificultades para incorporar nuevos pacientes oncológicos. Residentes del hospital realizaron días atrás un abrazo simbólico para reclamar contra despidos, carencia de insumos y sobrecarga laboral. En paralelo, trabajadores y pacientes del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo vienen alertando por el deterioro de equipos, suspensiones de estudios y renuncias de especialistas. Pacientes describieron interrupciones en tratamientos, demoras de meses para acceder a medicación y derivaciones constantes por fallas técnicas.
El ajuste también alcanza a otras áreas sanitarias. La modificación presupuestaria redujo más de $63 mil millones en Salud Pública, con recortes sobre programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, además de partidas para el Incucai y el Instituto Malbrán. Frente a este escenario, organizaciones del sector convocaron a una Marcha Federal de Salud para el próximo 20 de mayo frente al Ministerio de Salud. El reclamo apunta contra el desfinanciamiento del sistema sanitario y la reducción de programas como RemediAR, que pasará de cubrir 79 medicamentos a solo tres.
