Organizaciones sociales, sindicatos y sectores vinculados al MAS mantienen cortes de rutas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira. Reclaman por la inflación, el aumento del costo de vida y medidas económicas que consideran una “traición” a las promesas de campaña.
Bolivia atraviesa semanas de fuerte conflictividad social y política. Miles de manifestantes mantienen bloqueos en rutas y accesos a La Paz mientras crecen los pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, que asumió el cargo en noviembre pasado. Las protestas, encabezadas por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores ligados al MAS, se intensificaron luego de una serie de medidas económicas impulsadas por el Gobierno y de un fallido operativo policial para despejar los cortes.
Durante el último fin de semana, la administración boliviana desplegó unos 5 mil efectivos para intentar liberar las rutas que rodean la capital. Según medios locales, el operativo apenas consiguió habilitar momentáneamente el paso de algunos camiones y cisternas, mientras los bloqueos continuaban en distintos puntos del país. El periodista boliviano Jaime Iturri describió el escenario como “muy caliente” y aseguró que la tensión social sigue creciendo.
El conflicto comenzó a escalar en abril, cuando el Congreso aprobó la ley 1720 de reforma agraria, luego promulgada por el Ejecutivo. Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas denunciaron que la norma facilitaba la mercantilización de la tierra y ponía en riesgo territorios comunitarios. Aunque el Gobierno terminó derogando la ley para desactivar las protestas, las movilizaciones continuaron y derivaron en cuestionamientos más amplios a la gestión de Paz Pereira.
Entre los reclamos principales aparecen la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Según sectores opositores y sindicatos, el aumento del costo de vida redujo drásticamente la capacidad de compra de los salarios durante los últimos dos años. También generó malestar la denuncia por la distribución de combustibles de baja calidad, a los que se responsabiliza por daños mecánicos en miles de vehículos y elevados costos de reparación para los usuarios.
Las críticas apuntan además a las políticas económicas del Gobierno. Dirigentes sociales acusan a Paz Pereira de incumplir promesas electorales y avanzar en medidas de ajuste cercanas a las recomendaciones del FMI. Entre ellas mencionan la eliminación del impuesto a la riqueza, intentos de privatización y nuevos gravámenes sobre trabajadores informales y pequeños comerciantes. “La gente se siente traicionada”, resumió Iturri al describir el clima político que atraviesa el país.
Mientras el oficialismo intenta contener la crisis mediante negociaciones parciales con algunos sectores, las protestas continúan en las calles y rutas bolivianas. Distintas organizaciones advirtieron que rechazarán cualquier intento de profundizar un programa de ajuste económico y prometen mantener las medidas de fuerza hasta obtener respuestas del Gobierno.
