El organismo presentó su informe anual y señala que, entre 2023 y 2025, el Estado recortó más del 41% del gasto social mientras fortaleció áreas de seguridad. También denuncia hostigamiento a la prensa, criminalización de la protesta y debilitamiento institucional.
El nuevo informe de Amnistía Internacional traza un diagnóstico severo sobre la situación de los derechos humanos bajo la gestión de Javier Milei, al sostener que el gobierno consolidó un modelo donde el control social desplaza la garantía de derechos básicos. La organización afirma que el ajuste aplicado durante los últimos dos años no contempló evaluaciones de impacto y generó consecuencias directas en la vida cotidiana, particularmente para los sectores más vulnerables. El documento cuestiona, además, el clima de hostigamiento hacia la prensa y el avance sobre la protesta social.
Según el reporte, el gasto público ligado a salud, educación, vivienda, alimentación, ambiente y seguridad social cayó más del 41% en términos reales entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo en dos décadas. En contraste, las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas crecieron o experimentaron recortes mínimos, configurando un Estado que —según Amnistía— expande su capacidad represiva mientras retrae su función protectora. La directora ejecutiva de la organización en Argentina, Mariela Belski, sostuvo que este modelo transmite “un mensaje inequívoco”: se ajusta justamente sobre quienes necesitan mayor protección.
El informe también advierte sobre un deterioro institucional persistente, marcado por la ausencia de Defensor del Pueblo desde 2009 y acefalías en organismos de control. A esto suma un aumento de la criminalización de la protesta, la estigmatización de voces críticas y prácticas de cibervigilancia que, según la organización, restringen el espacio cívico y reducen la libertad real de la ciudadanía. El documento abarca, además, el impacto del aumento de la pobreza, los retrocesos en políticas de género, la implementación limitada de la ESI, la falta de respuestas en materia ambiental y la situación de personas migrantes y refugiadas.
En conjunto, Amnistía Internacional concluye que el retroceso actual “no es un accidente ni una suma de decisiones aisladas”, sino la expresión de un modelo político que concibe a los derechos como un costo y a la crítica como una amenaza.
