Un informe regional ubicó al país en el nivel más bajo de ingresos básicos medidos en moneda dura. La política salarial del gobierno se utilizó como ancla del ajuste, mientras el poder de compra cayó a valores por debajo de 2001.
La distancia entre las promesas oficiales y la vida cotidiana de los trabajadores se profundizó a lo largo de 2025. En distintas áreas del gabinete se defendió la idea de que la estabilización requería moderar los ingresos, pero especialistas consultados por agencias locales afirmaron que la administración de Javier Milei usó los salarios como herramienta central del ajuste. Ese enfoque dejó al país en el último puesto de la región cuando se actualiza el salario mínimo en dólares.
Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) mostró que el ingreso básico argentino ronda los 225 dólares, cifra que lo ubica detrás de Paraguay, Bolivia y el resto de los países sudamericanos. En el extremo opuesto aparecen Costa Rica, Uruguay y Chile, con pisos salariales que duplican e incluso triplican el registro local. Para los investigadores, la brecha revela el efecto acumulado de la política de ingresos y del encarecimiento del costo de vida.
El deterioro se reflejó también en la comparación histórica interna. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA calculó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder de compra entre finales de 2023 y septiembre de 2025. El retroceso más fuerte se dio entre diciembre y enero, cuando el ingreso real se desplomó y quedó por debajo del nivel que tenía en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. La caída alcanzó también a los trabajadores registrados: frente a una inflación mensual del 2,1%, los sueldos privados avanzaron 1,4% y los del sector público apenas 1,1%.
Celag señaló además que la crisis golpeó al conjunto de la estructura social. Dos tercios de la población perciben ingresos inferiores a la media y más del 77% de los hogares tiene menos de 800 mil pesos per cápita. Para los economistas, ese mapa confirma que la estrategia de estabilización consolidó un escenario de desigualdad creciente, con impactos directos en consumo, ahorro y capacidad de sostener actividades básicas.
