Legisladores de Unión por la Patria, Frente de Izquierda – Unidad y el Partido Socialista lideraron una audiencia pública en la Cámara de Diputados para abordar la creciente ola de despidos. Trabajadores de diversos sectores exigieron una gran movilización y un paro general.
En el edificio Anexo, trabajadores del INTI, el Hospital Posadas, la Agencia Nacional de Discapacidad, los Sitios de Memoria, el INCAA, Aerolíneas Argentinas, FATE y otras empresas privadas expusieron sus situaciones laborales. Médicos del Hospital Posadas denunciaron despidos discriminatorios, destacando la afectación a la salud y a los sectores más vulnerables. “Apoyamos a los residentes que están en una jornada de paro por aumento salarial”, afirmó una médica del hospital.
Los trabajadores de la tercerizada aeronáutica GPS informaron sobre 150 despidos y advirtieron sobre la desregulación que busca destruir Aerolíneas Argentinas. “Llevamos casi 5 meses de lucha junto a distintos sectores”, dijo Ayelén Córdoba, de GPS Ezeiza, criticando al gobierno de Javier Milei y a la empresa por despedir a trabajadores con hijos con discapacidad.
Agustina Panizza, secretaria adjunta de ATE Capital, denunció que los despidos comprometen los derechos de 47 millones de argentinos. “No es posible implementar la política de este gobierno sin eliminar a los trabajadores del Estado”, añadió, acusando al presidente de no cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Desde Anses, Carlos Ortega indicó que fueron despedidos 1300 empleados, equivalente al 10% del organismo. “Esto es un déjà vu de los años noventa”, comparó con las políticas del menemismo. En la Secretaría de Derechos Humanos, 82 personas perdieron su empleo en las últimas semanas, generando incertidumbre sobre futuros despidos en sectores vitales.
Alfonso de Villalobos, de Sipreba, denunció la pérdida de más de 360 puestos en la Agencia Télam y criticó la creación de una agencia de publicidad como herramienta de control de medios. “Vamos a exigir incremento de salarios y la reincorporación de los trabajadores despedidos”, afirmó.
En este contexto crítico, los diputados del FIT solicitaron la declaración de emergencia ocupacional en todo el territorio nacional, prohibiendo despidos sin justa causa o suspensiones por 24 meses en el ámbito público y privado. También pidieron la reincorporación inmediata y retroactiva de los trabajadores despedidos a sus puestos.
