El Ejecutivo a cargo de Javier Milei planea dejar sin pensión por invalidez a un tercio del total de beneficiarios actuales. El pretexto son las supuestas «irregularidades» en su entrega «durante la gestión anterior».
Si bien el Gobierno ya había anticipado ajustes en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ahora las medidas implementadas tienen un alcance mayor al previsto. Se estima que, para fines de este año, se habrán dado de baja alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral, duplicando la proyección inicial y afectando a un tercio del total de beneficiarios actuales. Esta reducción permitiría al Estado alcanzar un «ahorro» de aproximadamente 900 mil millones de pesos.
Las bajas se fundamentan en los resultados de la auditoría iniciada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien previamente firmó una resolución que contenía términos peyorativos hacia las personas con discapacidad.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, reconoció que casi la mitad de las personas con discapacidad sujetas a auditoría (alrededor de 200 mil) no fueron notificadas adecuadamente del proceso. Esto implica que muchas personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual en todo el país no recibieron la documentación necesaria para justificar su necesidad del beneficio, quedando así en una situación de incertidumbre. Según fuentes oficiales, el problema radica principalmente en errores en los domicilios registrados. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones alternativas, la decisión inicial es suspender los pagos.
Francos informó que, hasta abril, la ANDIS envió aproximadamente 470 mil notificaciones de auditoría, de las cuales 222.607 no llegaron a destino, lo que representa casi el 50% del total. Este envío es solo una primera etapa de un proceso que abarcará a los más de 1,2 millones de personas que reciben pensiones no contributivas en el país. La Andis planea enviar alrededor de 300 mil notificaciones mensuales (en abril estaban en «proceso de envío» unas 231 mil más), estimando completar el proceso en los próximos meses. El servicio de envío está a cargo de la empresa de correos privada Andreani, que obtuvo una licitación de 13 mil millones de pesos.
Además de las bajas por notificaciones no entregadas, se suspenderán las pensiones de quienes, habiendo sido auditados, no superen los exámenes médicos de la ANDIS o no logren demostrar la necesidad de la pensión por falta de ingresos. El gobierno sostiene que la auditoría busca esclarecer supuestas «irregularidades» en la asignación de beneficios durante la gestión anterior, aunque hasta el momento solo se han presentado unos pocos casos que no justifican la magnitud de los recortes previstos.
No obstante, el gobierno da amplia difusión a estos casos puntuales de supuestas «irregularidades» (personas fallecidas, presos y prófugos que seguían cobrando) para justificar los «excesos» que, según Spagnuolo, generaron un «gasto significativo e injustificado». Sin embargo, uno de los casos más publicitados resultó ser una noticia falsa: en julio del año pasado, el vocero Manuel Adorni denunció el uso de una radiografía falsa de la cadera de un perro para solicitar una pensión, pero se comprobó que los médicos de la ANDIS habían detectado el fraude y rechazado la solicitud.
En definitiva, se proyecta que la auditoría resultará en la baja de unas 400 mil pensiones, cifra que duplica las estimaciones iniciales del gobierno, que en el proyecto de presupuesto 2025 había anticipado un recorte de 200 mil. De concretarse, este ajuste superaría ampliamente al implementado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando se dieron de baja unas 170 mil pensiones, lo que derivó en un amparo colectivo que llegó a la Corte Suprema.
El diputado Daniel Arroyo sostiene que la Andis recibió instrucciones del gobierno para alcanzar esta meta de ajuste, y que está dispuesta a llevarse puesto todo lo que sea necesario para lograrlo. «Todo parte de que le dan la pauta de ajuste a la ANDIS. Pero el problema es que es imposible de cumplir con las auditorías. No pueden llegar a esa pauta. Arrancaron por identificar situaciones irregulares, que sin dudas las hay, pero de ninguna manera alcanza para la magnitud del recorte que les piden, así que tienen que inventarlas«, declaró. «Lo más lógico hubiera sido que los médicos de la institución evalúe caso por caso las pensiones mal otorgadas, pero no poner a 1,2 millones de personas en estado de desesperación. Esto es cruel e innecesario«, agregó.
Arroyo, como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector. El proyecto propone reasignar partidas presupuestarias y se centra no solo en las pensiones, sino también en los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, que se encuentran en una situación crítica debido al ajuste. La oposición logró que el proyecto sea tratado en la Comisión de Presupuesto, y se espera que obtenga dictamen definitivo en breve. Paralelamente, se prevé una marcha de prestadores y familias frente al Congreso para exigir la aprobación del proyecto.
Recurso de amparo:
Las auditorias en marcha generaron controversia en el seno de la sociedad. Es por eso que, la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), asesorada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.
La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.
También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.
La demanda detalla una serie de episodios ocurridos en marzo y abril de 2025 en distintas provincias que, según el escrito, constituyen tratos inhumanos hacia personas con discapacidad. En Quilmes, se documentaron largas filas bajo el sol sin agua ni sombra, lo que provocó descompensaciones. Eso también sucedió en Morón, donde testigos aseguraron haber esperado «hasta diez horas para ser atendidos durante una ola de calor”. En Villa Ocampo, las auditorías colapsaron el sistema público de salud y obligaron a los beneficiarios a trasladarse a Reconquista. En el departamento 9 de Julio (Santa Fe), algunos debieron recorrer hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.
