La medida ha generado controversias al flexibilizar plazos, permitir contratos en cualquier moneda y desregular distintos aspectos del proceso de alquiler. Este cambio, que busca impulsar la libre competencia, ha suscitado críticas y preocupaciones por posibles abusos y desequilibrios en las relaciones entre inquilinos y propietarios.
Luego de la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las medidas más impactantes fue la derogación de la Ley de Alquileres, tema que estaba en debate antes de esta decisión del Gobierno de desregular la economía. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta medida beneficia a todos los inquilinos, quienes se encontraban fuertemente afectados por la norma previa.
La derogación implica que los contratos de alquiler vuelven a regirse por el Código Civil y Comercial. El Gobierno de Javier Milei, además, ha modificado el artículo 765 de este código, relacionado con las transacciones entre privados y contratos en moneda extranjera.
La nueva redacción de este artículo establece la obligación de “dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes”.
Algunas de las pautas más resonantes del DNU respecto a los contratos de alquiler incluyen la eliminación de plazos mínimos o máximos, la libertad para pactar cláusulas y fianzas, periodos de pago flexibles y la posibilidad de pactar en pesos o dólares con índices elegidos por las partes. También se permite al locatario abandonar el inmueble pagando como multa al locador el 10% del total de los alquileres restantes hasta el final del contrato.
La normativa entra en plena vigencia para nuevos contratos después de 8 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Cabe destacar que los cambios no afectarán a los contratos ya en curso.
Sin embargo, críticos como Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, expresan preocupación sobre las implicaciones del decreto, sosteniendo que facilita prácticas abusivas al permitir cobros en cualquier moneda, contratos de corta duración y actualizaciones ligadas a índices privados. Inquilinos Agrupados también destaca el impacto negativo en plazos, dolarización, ajustes, garantías, depósitos, arreglos de la casa, expensas y domicilio electrónico.
