El directorio de la empresa estatal apartó a dos funcionarios designados por Demian Reidel tras detectar presuntas irregularidades en licitaciones millonarias. Las sospechas alcanzan contrataciones con sobreprecios y compras directas fuera de mercado.
Un escándalo por presunta corrupción estalló en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y puso bajo la lupa a funcionarios designados por el gobierno de Javier Milei. La crisis derivó en una reunión de urgencia del directorio, que resolvió quitarle la firma y apartar de manera preventiva a dos altos cargos vinculados al actual presidente de la compañía, Demian Reidel, exjefe de asesores del mandatario.
La decisión alcanzó al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, luego de una denuncia interna elevada por el Comité de Integridad de la empresa. El informe advirtió sobre irregularidades en procesos licitatorios y contrataciones directas, en particular en el servicio de limpieza de las centrales nucleares, donde el monto habría sido inflado de manera significativa respecto de los valores de mercado.
Según explicó el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez, la contratación cuestionada debía rondar los 600 mil dólares, pero terminó estructurándose una licitación por 6,4 millones de dólares, diez veces más cara. Además, denunció que se dejó fuera de competencia a una decena de oferentes, lo que permitió la continuidad de una sola empresa con precios un 140% superiores a los valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación.
Las sospechas no se limitaron a ese contrato. El gremio también pidió investigar una contratación informática para migrar un sistema de planificación empresarial, cuyo presupuesto saltó de 600 mil a 7 millones de dólares, un incremento superior al 1.000%. Desde ATE advirtieron que se intentó responsabilizar a trabajadores de carrera con más de 30 años en la empresa, mientras las decisiones se tomaban en el edificio central de Vicente López.
Nucleoeléctrica es una de las empresas estatales superavitarias y figura en la lista de compañías que el Gobierno planea privatizar. En ese contexto, las denuncias suman tensión política y abren interrogantes sobre el manejo de fondos públicos, el rol de los funcionarios designados por la Casa Rosada y el futuro de un área estratégica para el sistema energético nacional.
