Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria advierte un crecimiento sostenido de la violencia estatal durante las movilizaciones: aumentaron las detenciones arbitrarias, los ataques a jubilados y trabajadores de prensa, y se consolidó el uso de armas y prácticas prohibidas.
La violencia estatal contra la protesta social se duplicó durante el último año, según el tercer informe especial elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El relevamiento, realizado en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, documentó un aumento del 100% en los operativos represivos, con un saldo de 1.369 personas heridas, 165 detenciones arbitrarias y un crecimiento alarmante de los ataques a jubilados, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos.
De acuerdo al informe, cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas en 2025. Sobre un total de 79 protestas monitoreadas, en 34 se registraron hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, frente a 17 sobre 60 movilizaciones en 2024. En términos porcentuales, la represión pasó del 28% al 43% de las marchas observadas.
El documento señala que el despliegue represivo no fue aislado ni circunstancial, sino que respondió a una política sistemática y selectiva destinada a limitar el ejercicio del derecho a la protesta frente al creciente rechazo social a las políticas del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por Javier Milei y Jorge Macri.
Uno de los cambios más relevantes detectados por la CPM fue el corrimiento del foco represivo. Mientras que durante el primer año de gestión libertaria el blanco principal fueron las organizaciones sociales y piqueteras, en 2025 la represión se concentró especialmente en las movilizaciones de jubilados, que se manifiestan semanalmente frente al Congreso. En ese contexto, las personas adultas mayores heridas se cuadruplicaron, pasando de 42 casos en 2024 a 155 en 2025.
También se registró un fuerte incremento de la violencia contra la prensa. Los 184 trabajadores y trabajadoras de medios afectados duplicaron los casos del año anterior. A esto se sumaron agresiones a integrantes de organismos de derechos humanos que monitoreaban las marchas, muchas de ellas dirigidas de manera intencional.
El informe detalla el uso reiterado de prácticas prohibidas, como disparos de balas de goma a corta distancia y dirigidos al rostro, gas pimienta aplicado directamente sobre personas seleccionadas, granadas de gas lacrimógeno lanzadas de forma recta hacia las concentraciones, golpes con bastones y el empleo de camiones hidrantes. En el 69% de las movilizaciones se detectaron tareas de inteligencia ilegal, y en el 78% de los operativos se constató la portación de armas de fuego con munición de plomo, vedadas para este tipo de intervenciones.
El episodio más grave se registró el 12 de marzo de 2025, cuando la CPM relevó 672 personas heridas en una sola jornada. Ese día, dos manifestantes perdieron la visión de un ojo por el impacto de balas de goma y el fotógrafo Pablo Grillo sufrió un traumatismo de cráneo severo tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, lesión que lo mantuvo 83 días en terapia intensiva.
Las detenciones arbitrarias también mostraron un fuerte salto: 165 en 2025 contra 93 en 2024, muchas de ellas realizadas durante la desconcentración de las marchas y bajo figuras penales genéricas como resistencia a la autoridad. Entre las personas detenidas hubo jubilados, trabajadores de prensa, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
La CPM advirtió además un grave incumplimiento del deber estatal de garantizar manifestaciones pacíficas y de investigar de manera adecuada las denuncias por uso excesivo de la fuerza. Por el contrario, señaló que las resoluciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad ampliaron las facultades discrecionales de las fuerzas sin las salvaguardas necesarias.
En ese marco, el organismo presentó 37 denuncias penales, habeas corpus colectivos y comunicaciones ante organismos internacionales de derechos humanos. El informe concluye que el aumento sostenido de la represión erosiona garantías democráticas básicas, restringe derechos constitucionales y consolida rasgos autoritarios incompatibles con el sistema democrático.
