La Cámara baja dio media sanción al nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones impulsado por el Gobierno y convirtió en ley el acuerdo para cancelar una deuda con dos fondos litigantes. La oposición cuestionó el alcance de los beneficios otorgados a capitales extranjeros y advirtió sobre sus consecuencias económicas y políticas.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos de las iniciativas económicas centrales promovidas por la Casa Rosada. Por un lado, otorgó media sanción al denominado Súper RIGI, un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinado a atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, que ahora deberá ser tratado por el Senado. Además, convirtió en ley el proyecto que habilita el pago de una deuda con dos fondos buitre por 171 millones de dólares. La votación sobre el régimen de inversiones terminó con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, mientras que el acuerdo con los acreedores obtuvo 138 apoyos contra 98 rechazos.
El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados parlamentarios y de sectores vinculados a distintos gobernadores, aunque también registró algunas deserciones. Entre ellas sobresalió la postura de los diputados cordobeses cercanos a Martín Llaryora, que votaron en contra. Desde La Libertad Avanza defendieron la iniciativa al sostener que busca generar condiciones de seguridad jurídica y competitividad para atraer capitales de gran escala. El proyecto prevé exenciones y ventajas especiales para nuevas industrias, con la exigencia de ejecutar al menos una parte de la inversión durante los primeros años de adhesión.
La discusión estuvo marcada por fuertes cuestionamientos opositores. Legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques advirtieron que el régimen crea un esquema de excepción que favorece a grandes grupos económicos y podría debilitar el entramado productivo nacional. También señalaron riesgos vinculados al control de recursos naturales, al tratamiento diferencial para empresas extranjeras y a la posibilidad de que futuros litigios se resuelvan fuera del país. En el mismo sentido, algunos diputados sostuvieron que la iniciativa consolida una mayor dependencia de capitales externos y profundiza un modelo económico orientado a la exportación de recursos.
El debate por el pago a los fondos buitre también expuso diferencias profundas. Mientras el oficialismo argumentó que la medida permitirá cerrar un conflicto judicial de larga data y evitar eventuales riesgos sobre activos estatales, sectores opositores denunciaron que el acuerdo incrementa las obligaciones financieras del país y beneficia a actores especulativos. Durante la sesión hubo cruces sobre el endeudamiento, la legalidad del mecanismo elegido y el impacto que la operación podría tener sobre las cuentas públicas en los próximos años.
