En una nueva avanzada contra la organización sindical, el gobierno retoma parte de lo que fue rechazado del DNU 70/2023 y, mediante otro decreto en el Boletín Oficial, busca limitar el derecho constitucional a protestar.
El gobierno nacional encabezado por Javier Milei provocó una nueva controversia al publicar el Decreto 340/25 en el Boletín Oficial, una medida que retoma parte de lo rechazado en el DNU 70/2023 y que, según diversos sectores, busca limitar drásticamente el derecho a huelga. Aunque formalmente se refiere al régimen de la marina mercante, el decreto amplía significativamente el listado de actividades consideradas esenciales, lo que podría, en la práctica, casi prohibir el derecho constitucional a protestar.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y asesor de Aceiteros, analizó la situación con preocupación: “Por la ventana mete un artículo que considera servicio esencial a muchas más actividades. Y lo más grave, que en esos casos hay que garantizar un 75% de la prestación. Es decir, no tiene efecto la huelga”.
El decreto establece dos categorías: servicios esenciales, que deben garantizar un 75% de la prestación, y servicios trascendentales, que deben asegurar un 50%. La extensa lista de actividades incluidas abarca desde el servicio hospitalario, los servicios aduaneros y migratorios, la aeronáutica comercial, hasta la producción de medicamentos, los servicios de radio y televisión, educación y la industria alimenticia. “Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental”, advierte Cremonte, lo que abre la puerta a una virtual eliminación de la efectividad de las medidas de fuerza.
El Ejecutivo justificó la reforma argumentando que busca “adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional”, considerándola “indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”. Además, destacó la “urgencia de la medida” ante regímenes que “obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”.
Sin embargo, la medida rápidamente comenzó a generar un fuerte rechazo. Vanina Biasi, recientemente electa legisladora porteña, sentenció: “El DNU 340/25 de Milei acaba de eliminar el derecho a huelga. ¿Qué hay que hacer? Ir a la huelga, ya”. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anticipó en diálogo con El Destape Radio que el decreto “es inconstitucional”, augurando una batalla legal en torno a esta nueva normativa.
