El Poder Ejecutivo creó un «megaorganismo» que fusiona el ENRE y el Enargas, marcando el inicio de una profunda reorganización del sector energético nacional. Además, se definieron las bases jurídicas para una reforma del mercado eléctrico que busca mayor competencia, inversión privada y transparencia para los usuarios.
En una jugada que redefine el panorama energético nacional, el Gobierno unificó las tareas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), creando el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este megaorganismo busca una «reorganización» profunda del sector, en el marco de la emergencia prorrogada el pasado junio.
La medida fue oficializada hoy a través del Decreto 452/2025, publicado en el Boletín Oficial, y desde el Ministerio de Economía la calificaron como «un paso significativo» hacia la eficiencia y adecuación a estándares internacionales. El nuevo ente, de carácter autárquico y bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, centralizará la regulación y promete simplificar las tareas administrativas en un área crucial para el desarrollo del país.
En paralelo a la creación del ente unificado, el Gobierno también sentó las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico a través del Decreto 450/2025. Este decreto, que aprueba adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), busca crear un «mercado eléctrico competitivo, abierto y transparente», con un rol protagónico para el sector privado y beneficios directos para el usuario.
Desde la Secretaría de Energía se remarcó que, durante dos décadas, el Estado había invertido más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico «ineficiente, manipulado y cerrado». «Esa etapa concluyó con este Gobierno y comenzó una nueva basada en la libertad, la competencia y en asegurar el suministro a largo plazo con mayor eficiencia», añadieron.
El Decreto 450/2025 impulsa transformaciones significativas:
- Apertura al Comercio Internacional: Se habilita la compraventa de energía eléctrica con reglas claras, limitando la objeción del Estado a razones técnicas o de seguridad de suministro.
- Contratos entre Privados: Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar acuerdos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para fomentar la previsibilidad y las inversiones a largo plazo.
- Libre Elección del Proveedor: Los usuarios finales podrán elegir su proveedor de energía sin obstáculos regulatorios.
- Facturas Transparentes: Se introducen mecanismos para que los usuarios comprendan qué pagan, eliminando tributos locales o cargos ajenos a los servicios facturados.
- Infraestructura con Inversión Privada: Se establecen alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, fomentando la libre iniciativa privada.
Si bien el Gobierno Nacional presenta la «libre competencia» como un camino hacia la eficiencia y la inversión, la experiencia en otros mercados desregulados sugiere que puede generar desafíos significativos. La ausencia de una regulación estatal y una competencia imperfecta podrían derivar en un aumento de tarifas para los usuarios finales, especialmente aquellos con menor poder adquisitivo, si los costos no son correctamente controlados por el mercado.
Asimismo, la priorización exclusiva de la rentabilidad privada podría desincentivar la inversión en zonas de menor densidad poblacional o en infraestructura considerada menos rentable, afectando la equidad en el acceso al servicio y la estabilidad del suministro a nivel nacional.
Para asegurar una implementación gradual y ordenada, el decreto fija un período de transición de 24 meses. Durante este lapso, se deberá adecuar toda la normativa complementaria y garantizar la puesta en marcha de esta profunda transformación.
«Así, el Gobierno Nacional le devuelve al sector eléctrico su verdadera esencia: una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, las señales de mercado y la libertad de elección«, sostuvieron desde el Gobierno.
Esta desregulación se complementa con una medida reciente que estableció un listado de obras prioritarias en todo el país para mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Estas obras, que incluyen la incorporación de 5.610 kilómetros de nuevas líneas (un 38,3% más que el actual) con una inversión estimada de más de 6.600 millones de dólares, serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas bajo el esquema de concesión, buscando asegurar el buen funcionamiento del SADI y reducir los cortes de servicio.
