Son exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad que estaban alojados en Ezeiza. La orden fue dictada por el Servicio Penitenciario Federal, que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Diecinueve represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, fueron trasladados durante la mañana del viernes del penal de Ezeiza a la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, donde otros más de 50 represores cumplen su condena con un trato diferencial. Al no estar pensado como una cárcel y al estar cerca de la guarnición militar, los presos de la Unidad 34 cuentan con mejores condiciones y ciertos beneficios.
La decisión fue tomada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Desde el gobierno justificaron dicha decisión por la superpoblación del penal de Ezeiza y la necesidad de liberar ese “pabellón de lesa” para realizar una reforma estructural y comenzar a alojar mujeres y detenidos de “alto perfil”, principalmente ligados a la narcocriminalidad.
La iniciativa se concretó el viernes por la tarde y afecta directamente a 19 genocidas, entre los que se encuentran varios de los que participaron de la famosa reunión con diputados de La Libertad Avanza: los represores de la ESMA, Alfredo Astiz, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías, y del circuito ABO, como Miguel Angel Britos.
En una declaración pública, la organización HIJOS Capital afirmó: “Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del No al 2×1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”.
“10 de esos genocidas participaron del encuentro realizado meses atrás con diputados y diputadas de LLA con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza”, denunciaron.
Además, explicaron: “El argumento del Servicio Penitenciario Federal es “liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas”. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”
“Volvemos a decir que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Pero el único lugar para un genocida es la cárcel común. Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo”, cerraron.
La cárcel común para los genocidas, quienes fueron condenados por secuestros, torturas, homicidios, entre otros delitos gravísimos, no es sólo un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos sino también es parte de las normas internacionales a las que el Estado argentino se comprometió a cumplir, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que especifica que no se pueden admitir “privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales” a los acusados por estos crímenes”.
