Un proyecto de ley solicita un ingreso mensual sostenido para aquellas que, ante la emergencia alimentaria, gestionan las ollas populares.
El último registro del INDEC, correspondiente al segundo semestre del 2022, indicó una realidad que alarma pero no sorprende: la pobreza alcanzó al 39,2% de los argentinos, mientras que el porcentaje de niños de entre 0 y 14 años que viven bajo la línea de la pobreza asciende a 54,2%. Detrás de estos índices, existen personas, hogares y platos que llenar. Pese a que se anunció una baja en la demanda de alimentos, las ollas populares continúan conteniendo la emergencia alimentaria.
“Alrededor de 10 millones de personas están asistiendo a los comedores porque por más que las personas tengan trabajo, que muchas veces es informal o no registrado, no te alcanza para llevar el plato de comida a tu familia”, sostiene María Claudia Albornoz, cocinera comunitaria santafesina y referente del colectivo La Poderosa, para Ámbito. La afirmación de Albornoz se condice con la estadística: el índice de desempleo disminuyó a 6,7% en el tercer trimestre del 2022 (un 1,2% menos que el mismo período del 2021), pero la pobreza aumentó 1,9% entre los primeros seis meses del año pasado y el segundo semestre.
La referente asegura que “los comedores en Argentina hace 40 años que venimos alimentando la democracia, porque hace 40 años que venimos trabajando en los barrios. Obviamente en los tiempos de crisis, en los barrios populares, se pone mucho más complicado conseguir alimentos”. “Hoy la situación es muy compleja porque los vecinos vienen a buscar comida y vos les tenés que decir a veces que no hay más”, reconoce Albornoz, quien también vive en un barrio popular.
El último informe del INDEC apuntó que unas 18 millones de personas son pobres y casi 4 millones no cuentan con los recursos necesarios para comer (lo que se explica por 8,1% de indigencia). En ese marco, unos 5.000 espacios se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom), instancia que institucionaliza estos espacios y obliga al Ministerio de Desarrollo Social a proveerles de alimentos. “Hace seis meses que el Ministerio de Desarrollo Social no envía nada”, sostiene Albornoz.
Es en ese contexto que La Poderosa -un colectivo con 20 años y alcance latinoamericano que sostiene más de 160 comedores- presentó un proyecto de ley de reconocimiento salarial -que tenga como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil y garantice derechos laborales como vacaciones, jubilación y seguridad social- para todas las cocineras comunitarias que sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país. Según estimaciones de la propia organización, la implementación de la propuesta alcanzaría a unas 70.000 personas. En ese sentido, María Claudia Albornoz argumentó que “esas horas que estamos en el comedor no podemos salir a hacer una changa ni hacer un trabajo. No podemos: tenemos que estar cocinando. Es un tiempo que no lo paga el Estado”.
No fue casual que la presentación ocurra frente al Congreso durante las movilizaciones por el Día de la Mujer Trabajadora: “En cada una de las trincheras que hay en el trabajo comunitario la mayoría somos mujeres. En nuestros movimientos sociales el 80% de la población es mujer. Entonces, ahí entendimos también lo que es la feminización de la pobreza”, explica Albornoz. “Somos jefas de hogar y estamos a cargo de niñeces. Hoy también los números de la pobreza en la niñez son escandalosos”, agrega.
En ese sentido, señala la necesidad de “tener un salario o un reconocimiento laboral, por el trabajo que se realiza en estos comedores, que es de entre 6 y 8 horas. Eso es lo que lleva elaborar la comida, depende de la cantidad de raciones que hagamos. Hay comedores nuestros que tienen entre 200 y 800 raciones por día”. Además, consideró que “somos mano de obra estatal porque estamos cocinando en los barrios porque el hambre y la pobreza crece en el país”.
La referente sostuvo que es preciso romper los estigmas que recaen sobre las cocineras de las ollas populares, como “que nos empiecen a señalar como planeras o que no hacemos nada es doloroso, porque nos empiezan a estigmatizar como que somos personas que reciben planes sociales y que no hacemos nada”. “Somos las trabajadoras de la triple jornada”, definió, “trabajamos dentro de nuestras casas haciendo trabajo de cuidado; trabajamos fuera de nuestras casas, limpiando casas, en negocios que por lo general son informales, o como vendedoras ambulantes; y la triple jornada se completa con el trabajo comunitario”.
Periodista (P.): Hace seis meses no reciben donaciones y ustedes no tienen una remuneración salarial por esta actividad. Entonces, ¿cómo se gestionan los alimentos?
María Claudia Albornoz (M.C.A.): No es donación, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la obligación de, si vos sos un comedor registrado, enviar alimentos secos para que nosotras los cocinemos. Y hace seis meses que no están enviando. Entonces La Poderosa tiene convenios con UNICEF, que provee para que nosotros podamos comprar alimentos. Tenés que generar la factura, está muy auditado. Nos dan una cantidad de dinero que ni siquiera vemos, porque directamente comprás en el mayorista y eso lo traés al comedor para cocinar.
Después hay donaciones de privados y somos autogestivas. Hacemos rifas para poder conseguir la materia prima para cocinar. O a veces hacemos rifas inclusive para conseguir gas, porque el gas también es muy caro y en los barrios populares no hay gas natural, que es más barato. Tenemos que pagar de nuestro bolsillo para cocinar; a veces hay subsidios, a veces ni siquiera eso llega a los comedores. Y estamos hablando de una cantidad enorme en el país. Estamos hablando de 35.000 comedores y merenderos.
P.: ¿Cómo llegaron a generar los vínculos entre cocineras comunitarias de todo el país? ¿Qué perspectivas tienen para generar vínculos con los legisladores que tienen que posicionar en la agenda esta ley y terminar votándola?
M.C.A.: Nosotras fuimos con este planteo a compañeras de otros movimientos sociales que también están cocinando y tienen comedores y merenderos. Empezamos de esa manera a poner la discusión con las vecinas que trabajan en esos comedores que muchas veces naturalizaban que tenían que trabajar por un plato de comida y no estaban reconocidas.
Ahora nos empezamos a posicionar con diferentes diputados. Obviamente con la primera que fuimos a charlar, a hablar y a presentar el proyecto fue con Natalia Zaracho, que es la diputada cartonera y puede entender más cuál es la problemática porque todavía vive en un barrio popular. Así fuimos asentándonos, incluso con María Migliori (NdR: Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires), a la que también le planteamos el proyecto porque creemos que tiene que ser de todos los sectores políticos. No tiene que ser uno contra otro, sino que todos tienen que tomar esta iniciativa porque nos parece que es una cuestión de muchísima justicia y una cuestión económica que ayudaría a revertir una situación de mucha pobreza en los barrios populares.
P.: Es algo contrafáctico, pero sin este esquema de comedores comunitarios, ¿qué tipo de actualidad viviríamos en los barrios sin esta contención?
M.C.A.: Nos dimos cuenta de que hacemos de dique de contención para evitar un conflicto social. Imaginate que hay 10 millones de personas con asistencia alimentaria; si nosotras no estuviésemos en los barrios, ¿qué pasaría? ¿Dónde buscaría la gente la comida? ¿Cómo estaríamos entonces socialmente? ¿Cómo ebulliría la necesidad de comer? Me parece que también hacemos de dique de contención, cuidando y reproduciendo la vida, también para evitar conflictos que sean un desmadre. No queremos volver a un 2001.
FUENTE: Ámbito Financiero.
