La adolescente de 14 años llevaba una semana desaparecida. Organizaciones feministas, familiares y vecinos denunciaron demoras en la actuación judicial y policial, mientras exigen responsabilidades políticas por el caso.
El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde el 24 de mayo en la ciudad de Córdoba, provocó una fuerte conmoción y renovó las críticas hacia el accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad durante los días en que se intentó localizarla. Los restos fueron encontrados en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra y, por el hecho, permanece detenido Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue una de las últimas personas en tener contacto con la joven.
La desaparición había movilizado desde un primer momento a familiares, vecinos y organizaciones sociales, que cuestionaron la respuesta estatal. Según denunciaron, la toma de la denuncia sufrió demoras y la activación de mecanismos de búsqueda considerados clave para este tipo de casos no se produjo de manera inmediata. Durante los días previos al hallazgo, fueron los propios allegados de Agostina quienes recorrieron el barrio, reconstruyeron movimientos y aportaron información que terminó resultando relevante para la investigación.
Las críticas también apuntaron contra el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Tras conocerse el hallazgo, familiares y vecinos realizaron una nueva protesta para exigir explicaciones y reclamar la renuncia del funcionario provincial. La manifestación terminó con incidentes frente a una dependencia policial de la zona, donde los participantes denunciaron haber sido reprimidos con balas de goma.
Durante una conferencia de prensa, Garzón sostuvo que la adolescente habría sido asesinada en la vivienda del principal sospechoso y afirmó que en los allanamientos se obtuvieron elementos de interés para la causa. Sin embargo, evitó reconocer errores en la investigación y rechazó las críticas vinculadas a las demoras registradas en los primeros días de búsqueda.
Desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba remarcaron que el caso expuso falencias en la aplicación de protocolos previstos para desapariciones de niñas y adolescentes. Josefina Rodríguez, integrante de la organización, señaló que la demora en la recepción de la denuncia, la activación tardía de la Alerta Sofía y la falta de rapidez en algunos procedimientos judiciales pudieron haber afectado el desarrollo de la búsqueda.
El femicidio ocurrió a pocos días de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos y volvió a poner en discusión la situación de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género en la provincia. Organizaciones feministas advirtieron que persisten problemas estructurales vinculados a la asistencia de víctimas, la disponibilidad de recursos y la capacitación de operadores judiciales.
Mientras la investigación continúa, familiares, vecinos y colectivos de mujeres reclaman que se determinen tanto las responsabilidades penales por el crimen como las eventuales responsabilidades institucionales derivadas de las irregularidades denunciadas durante la búsqueda de Agostina.
