El reclamo se originó en un pagaré por $70 millones emitido por Numen Publicidad y Sondeos, empresa por la que Cerimedo figura como avalista.
El empresario y consultor político Fernando Cerimedo sumó un nuevo frente judicial en Argentina. La Justicia Comercial avanzó en una demanda ejecutiva iniciada por Banco Galicia y lo intimó, junto con su empresa Numen Publicidad y Sondeos S.R.L., por una deuda cuyo reclamo ascendía a casi $139 millones entre capital e intereses.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°14, Secretaría N°27, a partir de un pagaré por $70 millones emitido el 10 de febrero de 2025 por Numen Publicidad y Sondeos.
Según la presentación judicial de la entidad financiera, Cerimedo aparece como avalista del documento por la totalidad de las obligaciones asumidas por la sociedad.
Cómo se originó el reclamo millonario
La demanda se inició después de que el pagaré fuera presentado al cobro el 10 de marzo de 2025 y, de acuerdo con lo planteado por el banco, la obligación no fuera cancelada.
A partir de allí comenzaron a computarse los intereses establecidos en el documento. Según la liquidación presentada en el expediente, al 16 de abril de 2026 el reclamo alcanzaba los $138.977.808,22.
El pagaré contemplaba, de acuerdo con la demanda, un interés compensatorio del 57% anual y otro punitorio del 28,5% anual durante el período de mora.
El juez Pablo Frick ordenó posteriormente librar un mandamiento para requerir a los demandados el pago de los $70 millones correspondientes al capital, junto con otros $70 millones calculados provisoriamente para responder por intereses y costas judiciales.
Inhibición general de bienes
Como parte del proceso, la Justicia también dispuso la inhibición general de bienes de Cerimedo y de Numen Publicidad y Sondeos.
La entidad financiera había solicitado la medida al señalar que desconocía si los demandados contaban con bienes suficientes para cubrir el monto reclamado.
La resolución contempla además pedidos de información a diferentes organismos. El juzgado podrá requerir datos a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la inscripción societaria de Numen y ordenó librar oficios al Registro Único Laboral y a la ANSES para obtener información laboral del demandado, en caso de existir.
Cerimedo y la empresa quedaron además citados para presentarse, constituir domicilio y oponer las excepciones que consideren correspondientes dentro de un plazo de cinco días, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de expedientes.
Un juicio ejecutivo por un pagaré
El expediente tramita bajo la modalidad de juicio ejecutivo, un procedimiento que permite reclamar judicialmente obligaciones respaldadas por determinados documentos, entre ellos los pagarés.
En este tipo de procesos, el acreedor puede solicitar medidas destinadas a avanzar sobre el cobro a partir del título presentado, mientras que los demandados conservan la posibilidad de plantear las defensas previstas por la legislación.
El reclamo involucra directamente a Numen Publicidad y Sondeos, pero alcanza también a Cerimedo debido a su condición de avalista de la obligación.
Cerimedo permanece detenido en Bolivia
El conflicto comercial se conoce mientras Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia, donde enfrenta una investigación penal por la tentativa de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller.
De acuerdo con la investigación boliviana, Cerimedo está imputado como presunto autor intelectual del ataque sufrido por Beller el 17 de agosto, cuando recibió tres disparos y sobrevivió. Se trata de una acusación que deberá resolverse en el marco del proceso judicial y sobre la que todavía no existe una condena.
Además, las autoridades bolivianas investigan otras presuntas irregularidades vinculadas con el empresario. Paralelamente, su nombre también apareció en expedientes judiciales argentinos, entre ellos la investigación relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde había declarado como testigo.
En ese escenario, la demanda promovida por Banco Galicia abre un nuevo frente judicial de carácter comercial, con un reclamo cercano a los $139 millones y una inhibición general de bienes mientras continúa el proceso.
