Entre enero y abril hubo más de 100 descarrilamientos. A dos años de la declaración de la Emergencia Ferroviaria, gremios del sector alertan por el deterioro de la red y la falta de inversiones. Según denuncian, la subejecución presupuestaria coincidió con un aumento de los descarrilamientos y una reducción de frecuencias en los servicios.
La situación del sistema ferroviario volvió a quedar en el centro de la discusión tras conocerse que, a dos años de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional, se ejecutó menos de la mitad de los fondos previstos para obras de infraestructura y seguridad. La medida había sido anunciada en 2024 luego del choque de dos formaciones de la línea San Martín en Palermo, con la promesa de modernizar vías, señalización y material rodante. Sin embargo, desde los gremios sostienen que gran parte de esos recursos nunca llegaron al sistema.
Según datos citados por organizaciones ferroviarias, del presupuesto originalmente asignado sólo se habría utilizado alrededor del 44%, mientras que varias de las obras proyectadas continúan sin concretarse. Para los sindicatos, esta situación profundizó problemas estructurales que afectan tanto a los trenes metropolitanos como a los de carga. Entre las consecuencias señalan una caída en la frecuencia de los servicios, mayores tiempos de viaje y un incremento de los incidentes operativos.
El secretario general de la Unión Ferroviaria Sarmiento, Rubén «Pollo» Sobrero, advirtió que el estado de la red es cada vez más delicado y sostuvo que existe riesgo de que se produzcan accidentes graves si no se realizan inversiones urgentes. Desde el sector aseguran que durante los primeros meses de 2026 se registraron más de un centenar de descarrilamientos en distintos puntos del país, una cifra que, de mantenerse la tendencia, superaría ampliamente los niveles del año pasado.
La reducción de frecuencias también impactó en la experiencia cotidiana de los pasajeros. Diversas líneas operan con menos servicios que años atrás, mientras que las limitaciones de velocidad impuestas por el deterioro de las vías extendieron los tiempos de recorrido. A esto se sumaron los aumentos tarifarios derivados de la reducción de subsidios, un escenario que contribuyó a una caída en la cantidad de usuarios y a un incremento de la evasión del pago de boletos.
Desde el Gobierno sostienen que el plan de emergencia incluyó trabajos de infraestructura, señalamiento y renovación de equipamiento, aunque los gremios cuestionan el alcance efectivo de esas intervenciones. En paralelo, denuncian que la falta de inversión forma parte de una estrategia orientada a la privatización del sistema ferroviario. Mientras la Emergencia Ferroviaria fue prorrogada hasta 2028, trabajadores del sector advierten que la red opera en condiciones cada vez más frágiles y reclaman una ejecución plena de los fondos destinados a garantizar la seguridad y el funcionamiento del servicio.
