El Gobierno oficializó cambios en el mecanismo para designar integrantes de la Corte Suprema y otros cargos judiciales. La nueva normativa elimina instancias de participación ciudadana y deja sin efecto criterios vinculados a la diversidad de género, especialidad y representación federal.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma del procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida modifica normas vigentes desde 2003 que regulaban el proceso de selección de magistrados y establecían mecanismos de publicidad y control ciudadano sobre las postulaciones.
Entre los principales cambios, el nuevo esquema suprime la etapa en la que organizaciones, instituciones y particulares podían presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos propuestos. También elimina requisitos vinculados a la difusión amplia de los antecedentes de los postulantes, que hasta ahora debían publicarse en medios de circulación nacional además de los canales oficiales del Estado.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar los procesos de designación, evitando instancias que consideran redundantes con el tratamiento posterior de los pliegos en el Senado. Sin embargo, sectores vinculados al ámbito judicial y político cuestionan que la modificación reduce herramientas de transparencia incorporadas durante los últimos veinte años para el análisis público de las candidaturas.
Otro de los aspectos alcanzados por el decreto es la eliminación de las recomendaciones para que el Poder Ejecutivo contemple criterios de diversidad de género, especialización jurídica y procedencia regional al momento de integrar la Corte Suprema. Esos lineamientos habían sido incorporados con el objetivo de promover una composición más representativa del máximo tribunal y fortalecer la perspectiva federal en su integración.
La medida no sólo afecta el mecanismo de selección de los integrantes de la Corte. También alcanza a otros cargos clave del sistema judicial, como el Procurador General de la Nación, el Defensor General y los magistrados de tribunales federales inferiores, ya que modifica normas que extendían esos criterios de transparencia a todo el proceso de nombramientos.
La decisión reabre el debate sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en un contexto en el que el oficialismo busca incrementar su influencia en áreas estratégicas del Estado. Además, vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de designación de jueces, una cuestión que cobró especial relevancia durante los últimos años a partir de las disputas políticas en torno a la composición de la Corte Suprema.
