La falta de consenso en la reunión para establecer un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina desencadena acusaciones entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, dejando la decisión en manos gubernamentales mediante decreto y generando críticas por parte de los trabajadores.
La negociación para establecer un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil concluyó sin acuerdo, generando acusaciones de la CGT y la CTA hacia el Gobierno por el fracaso, alegando que este evitó el normal desarrollo de la reunión. Los gremios propusieron un aumento del 85%, llevando el salario mínimo a $288.600 a partir de febrero, propuesta rechazada tanto por los empresarios como, según la CGT, por el Gobierno que respaldó la postura de los empleadores.
En un comunicado contundente, la CGT afirmó que el Gobierno “evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad”, acusando a los empresarios de no presentar ninguna propuesta. La CTA también criticó la pasividad del gobierno y del empresariado, señalando que la propuesta sindical fue sometida a votación, resultando en un empate que según la norma no permite su aceptación, dejando la definición en manos del Gobierno mediante decreto.
El Secretario General de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, denunció la parodia de la reunión y la complicidad entre el Gobierno y el sector empresarial en detrimento de los trabajadores. Anunció la continuación de un plan de lucha y consultas con otras centrales sindicales ante la evidente intención del Gobierno de congelar o reducir los salarios mediante decretos, desatendiendo los intereses de los trabajadores.
