Aunque se espera que se apruebe la media sanción, el proyecto experimentará reformas. Este miércoles, los diputados se enfrentarán a un debate maratónico sobre la ley ómnibus.
Este miércoles 31 de enero marcaba el fin de la primera convocatoria a sesiones extraordinarias establecida por el Gobierno. A menos de 24 horas de la sesión en la Cámara de Diputados, las respuestas del entorno de los legisladores dialoguistas dejan en claro las dudas que persisten en torno a la sanción de la ley ómnibus: “No tenemos nada confirmado”; “no hay postura oficial”; “seguimos viendo”. El oficialismo destaca su negativa a modificar nuevos artículos, aunque reconoce la falta de apoyos para aprobar el dictamen de mayoría.
Finalmente, el proyecto más ambicioso del Gobierno será sometido a votación en el recinto con el apoyo de los bloques cuya oposición es matizada en cuanto a su postura. Sin embargo, hay dos posiciones firmes: el PRO ha decidido respaldar totalmente a La Libertad Avanza, que también suma votos de bancas reducidas; mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opondrán sin fisuras. Con 84 votos a favor y 104 en contra, en el medio queda espacio para lo imprevisible. El debate pasará a la instancia institucional en el Congreso, donde cada punto de la ley puede ser sujeto a modificaciones y la redacción final aprobada podría ser incierta hasta el momento mismo de la votación.
Cuatro bloques se perfilan como clave para desbloquear los artículos, ya que es seguro que la ley ómnibus no será aprobada en su totalidad. Estos son la Unión Cívica Radical (34 diputados), Hacemos Coalición Federal (23), Innovación Federal (9) e Independencia (3): el oficialismo necesita 45 de estos 69 votos para alcanzar los 129 afirmativos necesarios para aprobar el proyecto. Cada uno de estos partidos ha declarado a través de comunicados y en la firma de dictámenes que sus bancadas no respaldarán de forma homogénea la ley. Fuentes gubernamentales sugieren que el oficialismo podría retirar el proyecto por completo si la oposición no respalda los puntos que consideran más importantes.
Cada bloque tuvo su reunión este miércoles para definir estrategias para el debate, que se espera que dure al menos 24 horas. La reunión de La Libertad Avanza, donde solo 2 de sus 38 diputados (Pablo Ansaloni y Carlos Zapata) tienen experiencia legislativa, se centró en una capacitación sobre detalles técnicos para determinar cuándo es crucial su presencia para votar. Por otro lado, la reunión del PRO contó con la presencia de Mauricio Macri, quien respaldó las negociaciones de las últimas semanas. Mientras tanto, Unión por la Patria expresó escepticismo sobre la aprobación del proyecto y se comprometió a discutir cada apartado el tiempo que sea necesario.
Cambios propuestos a la Ley ómnibus:
- Remoción del capítulo fiscal.
- Eliminación de la reforma política.
- Supresión de algunas delegaciones extraordinarias (Defensa, Social, Sanitaria).
- Persistencia de la facultad tributaria o de seguridad.
- Exclusión de YPF de la lista de empresas susceptibles de ser privatizadas.
- Presencia de otras 40 compañías estatales en la lista.
- Reforma de la ley de hidrocarburos.
- Modificaciones en la ley de biocombustibles.
- Reformas en el sector pesquero.
- Aprobación de endeudamiento estatal sin aprobación parlamentaria.
- Modificaciones sobre sostenibilidad de la cultura.
- Limitación del respaldo de los gobernadores a la posibilidad de coparticipar el impuesto PAÍS.
Reformas con respaldo mayoritario:
- Declaración de emergencia por al menos un año, con facultades excepcionales limitadas.
- Cambios en el Código Penal, incluyendo normativas que penalizan manifestaciones y flexibilizan el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad.
- Establecimiento del arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes.
- Eliminación de la obligatoriedad de la Ley Micaela para todos los trabajadores estatales.
- Modificaciones en leyes ambientales como la de Glaciares, Ley de Fuego y Ley de Bosques, aunque no en las condiciones del proyecto original.
- Eliminación del INADI como ente autónomo.
- Proceso de digitalización burocrática y archivística en el sistema judicial.
- Derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.
- Eliminación de la concepción del turismo como “un derecho social y económico” de las personas y la obligación del Estado nacional de “elaborar obras públicas turísticas”.
- Eliminación de los fondos fiduciarios del sector energético, incluidos los destinados a subsidios.
