El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por el Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de la medida judicial que ordena cumplir con los artículos de la norma vinculados a salarios y becas estudiantiles. La resolución representa un nuevo revés para la estrategia oficial de frenar la aplicación de la ley.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la queja presentada por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso en 2025 en los puntos referidos a los salarios de docentes y no docentes, así como a las becas destinadas a estudiantes. La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones, que cuestionaron el incumplimiento de la norma tras el dictado del Decreto 759/25.
Con una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal consideró que el recurso extraordinario interpuesto por el Ejecutivo no reunía los requisitos necesarios para ser tratado, ya que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable. De esta manera, quedó firme el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había confirmado la decisión de primera instancia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, donde en diciembre se ordenó al Gobierno cumplir con la ley.
La decisión judicial consolida la obligación del Estado de ejecutar los artículos vinculados a la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles. En materia salarial, el alcance del fallo coincide en gran medida con el preacuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno, los rectores y los gremios, que contempla un incremento del 21,3% en junio y otro 3% en octubre. Sin embargo, la resolución también exige aplicar la actualización de las becas Progresar, un aspecto que no había sido incorporado en ese entendimiento.
El expediente se originó luego de que el presidente Javier Milei promulgara la Ley de Financiamiento Universitario por imperio del Congreso, aunque posteriormente el Poder Ejecutivo se resistiera a implementarla. Con el rechazo de la Corte al último recurso oficial, la cautelar quedó definitivamente vigente y el Gobierno deberá cumplir con las obligaciones establecidas por la norma mientras continúa el trámite de la causa principal.
