Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño con autismo que es influencer y activista, reveló un diálogo que tuvo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que se desligó de la responsabilidad del Estado en atender a las personas con discapacidad.
Un crudo testimonio de Marlene Spesso, madre de Ian Moche, el niño influencer y activista por el autismo, ha puesto en el ojo de la tormenta al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Spesso reveló un diálogo con el funcionario que deja en evidencia una alarmante falta de sensibilidad y una preocupante visión sobre la responsabilidad estatal hacia la población más vulnerable.
En un contexto de severos recortes que afectan los tratamientos de personas con discapacidad, demorándolos, postergándolos o suspendiéndolos directamente por el ajuste del gobierno de Javier Milei, la respuesta de Spagnuolo a Marlene fue lapidaria: «Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado».
Y en un intento de relativizar la situación, agregó: «¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos, no?». Estas frases, reconstruidas por la madre de Ian en una reciente entrevista, generaron indignación.
La situación de las personas con discapacidad se ha agravado exponencialmente desde la asunción de Milei. A la interrupción de prestaciones se suma la complicación de los traslados, ya que los transportistas privados no han recibido aumentos, dificultando aún más la logística de un colectivo ya de por sí vulnerable.
Marlene Spesso explicó en Radio 750 que la tensa reunión con Spagnuolo ocurrió en marzo del año pasado. «Pensamos que iba a ser una persona con sensibilidad. Porque creo que hoy tenemos que hablar de sensibilización», lamentó. Y fue tajante al afirmar: «Yo creo que el Gobierno de Milei lo que quiere es desentenderse de las personas vulnerables. Las personas con hambre, con discapacidad, con menos recursos. Y esta fue la frase que nos dijeron: que no nos podían seguir sosteniendo».
Según el relato de Spesso, Spagnuolo les sugirió que las familias debían «lograr que las empresas los contraten». «Eso sería lo ideal, claro. Pero la verdad es que eso no sucede. Apenas están adaptadas las calles para que una persona en silla de ruedas pueda circular, y ni hablar de otros tipos de discapacidad», replicó la madre de Ian. La falta de un nuevo encuentro con el director de Andis se explica, para Marlene, porque «después de eso, ¿qué más se puede hablar?».
La polémica no termina ahí. Spesso también cuestionó las recientes auditorías masivas a personas con discapacidad: «Me hubiera gustado mucho que esta crueldad que se ejerció, auditando a todas las personas con discapacidad el mismo día, se hubiera hecho de otra manera. Esa auditoría tendría que haber sido humanizada. Tendría que haberse usado para construir una base de datos. Para que si, por ejemplo, se extravía una persona con autismo o alzheimer, exista un registro para poder encontrarla rápido».
La declaración de Spagnuolo no es un hecho aislado. En febrero pasado, el gobierno de Milei ya había generado un escándalo al publicar una resolución oficial que buscaba endurecer los criterios para acceder a una pensión por discapacidad, incluyendo términos despectivos e insultantes como «idiota», «retardado» o «imbécil». Si bien el gobierno dio marcha atrás y atribuyó el error a un «papelón», el daño ya estaba hecho.
«Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen«, denunció en su momento Ana Dones, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
El principal pedido es que avance el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que iba a tratarse este jueves en Diputados pero se postergó una semana y se trataría el 4 de junio. Además, se exige que se actualicen los aranceles del Nomenclador nacional que definen los montos que se pagan a terapeutas, transportistas y distintos profesionales que asisten a las personas con discapacidad en centros de día, escuelas y otros espacios, muchos de ellos en peligro de cierre por las políticas de ajuste.
