La reducción en los giros automáticos por coparticipación federal y el corte de transferencias discrecionales afectan gravemente a las provincias, que enfrentan un panorama desolador con obras paralizadas, menor actividad económica y sueldos insuficientes.
La Nación dejó de enviar a las provincias más de 1,5 billones de pesos en el primer cuatrimestre de este año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Esta cifra se debe a la reducción de los giros automáticos por coparticipación federal, causada por la fuerte caída en la actividad económica y la consecuente menor recaudación impositiva. Además, casi se han extinguido las transferencias discrecionales, que incluyen pagos por obras públicas y los Aportes del Tesoro Nacional.
El Iaraf, basándose en datos del Ministerio de Economía, estimó que entre enero y abril las transferencias corrientes a las provincias se redujeron en 751.736 millones de pesos y las destinadas a gastos de capital bajaron en 799.832 millones de pesos, en comparación con el mismo período de 2023. Estos valores están expresados en pesos de abril último.
La disminución en las remesas a las 24 jurisdicciones (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) representó el 14% de los 11 billones de pesos en que cayó el gasto de la Administración Pública Nacional. Este recorte es una de las causas del superávit anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La cifra podría ser mayor si se incluyen otros rubros con impacto directo en las provincias o sus habitantes, como la reducción en jubilaciones y pensiones, el recorte de programas educativos y de presupuesto para universidades, y los subsidios a la energía y al transporte.
En mayo podría haber un alivio: según las planillas diarias de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, los giros de los días 16 y 17 de este mes totalizaron casi dos billones de pesos, gracias al vencimiento de Ganancias afrontado por las empresas que cerraron su balance en diciembre. Esto podría llevar a que las provincias, por primera vez en el año, superen las transferencias recibidas en comparación con 2023.
A pesar de esto, el panorama para las provincias es sombrío. Según Nadín Argañaraz, director del Iaraf, “el monto de las transferencias automáticas reales totales del primer cuatrimestre sería el peor de los últimos nueve años”. Las transferencias nacionales automáticas y no automáticas cayeron entre un 1,8% y un 36,4% real en el primer trimestre.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reporta caídas drásticas en la mayoría de los programas. Por ejemplo, las transferencias para actividades educativas, de salud y de seguridad social cayeron más del 80% en el FONID, 60% en los Seguros Públicos de Salud, y 51% en programas de Gestión Educativa. Programas como Fortalecimiento de Infraestructura Sanitaria, Cajas Previsionales Provinciales y Políticas Alimentarias han visto reducciones del 100%.
Estas cifras tienen graves consecuencias para cada administración provincial y para la población: obras paralizadas, menor actividad económica y sueldos insuficientes, especialmente en el sector público. Los gobiernos provinciales no solo pierden recursos, sino que deben reemplazar la asistencia que históricamente ofrecía la Nación.
Las protestas en Misiones son un ejemplo. El presupuesto provincial preveía ingresos de 1,083 billones de pesos para 2024, de los cuales el 70% ($750 mil millones) debía ser aportado por el gobierno federal. Además, había financiamiento nacional previsto por otros 193 mil millones de pesos para programas como Argentina Hace, Fondo de Integración Socio-Urbana, Renabap, Casa Propia, Enohsa y la Dirección Nacional de Vialidad. Todo esto quedó en el aire por los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei.
