El plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei plantea desafíos significativos en el sistema jubilatorio argentino, con recortes en las partidas presupuestarias y el impacto del aumento de la inflación, según advierte un informe del Centro de Economía Política (CEPA).
El Gobierno liderado por Javier Milei avanza con su plan de ajuste del gasto público mediante recortes y subejecuciones de partidas presupuestarias en diversas áreas del Estado. En los primeros dos meses, las jubilaciones se han visto fuertemente afectadas por el impacto de los bonos y el aumento de la inflación.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA) advierte que si el gobierno de Milei continúa con la reducción de las jubilaciones y deja de pagar bonos, habría una “reducción nominal del haber mínimo del 34%”, a lo que se sumaría el efecto nocivo de la fuerte aceleración inflacionaria prevista, lo que llevaría a los jubilados “a una situación crítica”.
La fórmula de movilidad se compone de la recaudación tributaria y el RIPTE/índice de salarios. El Gobierno determina cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en marzo.
Los beneficiarios de estas jubilaciones no pueden acceder a los bonos adicionales otorgados por el Estado.
Según el estudio, la duodécima actualización jubilatoria derivada de la ley de movilidad aprobada en 2020, aplicable desde marzo de 2024, representaría un aumento del 29,8%, una cifra ligeramente superior al 20,4% de enero, pero se espera que quede significativamente rezagada en comparación con el 60,1% previsto para el período de enero a marzo de 2024.
El informe recuerda que durante la gestión del Frente de Todos se decidió otorgar bonos para compensar la pérdida de las jubilaciones frente a la inflación. La administración de Milei decidió extender el pago del bono durante enero y febrero de 2024, pero congelando el monto en $55.000. Desde el CEPA consideran que el monto debería haber sido casi de $100.000 “para acompañar la variación de precios de enero y febrero”.
El informe también advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno deje de pagar los bonos, lo que implicaría una reducción nominal del haber mínimo del 34%, junto con la fuerte aceleración inflacionaria esperada, lo que llevaría a los jubilados a una situación crítica. La eliminación del bono implicaría un ahorro del 17% del gasto en dicho rubro.
En otro punto del informe, se critican los artículos de la movilidad previsional incluidos inicialmente en la Ley Ómnibus, que luego fueron excluidos del proyecto final tratado por la Cámara de Diputados.
El estudio explica que la propuesta del oficialismo era impulsar una actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria a partir de abril de 2024, con la inflación disponible en esa fecha (febrero de 2024), mientras se mantenía la aplicación en marzo de 2024 de la actualización con la movilidad vigente.
El documento plantea: “¿Qué conclusiones derivan de ese análisis? La primera, y más general, es que los jubilados, si bien no perderían con la inflación, tampoco pueden aspirar a ganarle. No pueden ganarle simplemente porque acompañarían la dinámica de precios. Pero, además ¿Dónde se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? ¿Es razonable ese nivel de jubilaciones reales? Ese punto de empalme no incluía la inflación de enero y eso significaba una brutal caída de los ingresos reales”.
