La agrupación que nuclea a los inquilinos a nivel nacional advirtió a los diputados y senadores que las consecuencias del decreto “son dramáticas”.
La Federación de Inquilinos Nacional (FINA) presentó un pedido “urgente” a los senadores y diputados para que se aborde en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei en diciembre. La organización ha defendido enérgicamente la ley de alquileres y ha solicitado que se revierta su derogación, argumentando que es “inconstitucional”.
En una declaración, la organización expresó su “preocupación” por “la continuidad del DNU 70/2023 y la falta de tratamiento en el Congreso Nacional, como lo establece la Constitución Argentina”.
Asimismo, señalaron que el DNU “revocó la ley de alquileres”, una legislación que, según recuerdan, fue objeto de un “extenso debate durante los últimos ocho años” y fue discutida “en numerosas ocasiones en ambas cámaras”.
“En estos debates participaron todas las organizaciones de inquilinos, los intermediarios del mercado inmobiliario y todos los bloques políticos representando el voto popular. Como resultado de este debate, hace poco más de 100 días se aprobó la última modificación a la ley de alquileres, pero de repente, de manera inconsulta, inconstitucional y autoritaria, todo fue borrado”, criticaron.
La organización también destacó que el DNU ha puesto “en peligro el sistema republicano” y debilitó la legitimidad de “la representación parlamentaria a través del voto”.
Además, detallaron las “consecuencias dramáticas” de la derogación del decreto, ya que “los contratos de alquiler tienen una duración de seis meses o un año” y “los ajustes de precios están vinculados trimestral o bimestralmente a la inflación, al precio de la gasolina, la carne, entre otros”.
Por lo tanto, “después de solo tres meses de alquiler, el precio aumentará aproximadamente un 60%. Quienes hoy pagan $ 300,000, en noventa días tendrán que pagar -si pueden- $ 480,000”, advirtieron.
“Esto inevitablemente conducirá a una tragedia habitacional y social”, concluyó la Federación.
En cuanto a la posibilidad de revertir la derogación de la ley de alquileres, actualmente la Justicia está analizando dos medidas cautelares presentadas por la Asociación Civil por un Hogar en Argentina (ACHA) y la organización Inquilinos Agrupados, respectivamente. La situación está en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal, que debe resolver un “conflicto de competencia” entre los tribunales civil y administrativo. Mientras tanto, el decreto, a excepción del capítulo relacionado con las reformas laborales, sigue en vigencia. Si alguna de las medidas cautelares avanza, la sección dedicada a la desregulación del mercado de alquileres podría ser revertida.
