La administración de Javier Milei autorizó por decreto la venta del 100% de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., que controla Transene. Desde la Casa Rosada justifican esta medida en la necesidad de «optimizar la eficiencia y calidad de los servicios energéticos».
A través del Decreto 286/2035, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comenzó oficialmente del proceso de privatización total de Energía Argentina SA (ENARSA). La estrategia delineada por el gobierno de Javier Milei implica la escisión de las diversas unidades de negocio de la empresa estatal, allanando el camino para su transferencia al sector privado.
En una primera instancia, el decreto autoriza la venta del 100% de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., la compañía controlante de Transener, que ostenta un rol crucial en el sistema energético nacional porque es principal responsable de la transmisión de energía eléctrica a lo largo y ancho del país. La selección del nuevo propietario de CITELEC se llevará a cabo mediante un concurso público de carácter nacional e internacional, buscando atraer inversores con la capacidad técnica y financiera necesarias para operar un activo estratégico de esta magnitud.
La administración de gobierno justifica esta medida en la necesidad de optimizar la eficiencia y calidad de los servicios energéticos, argumentando que «ENARSA ha demandado significativas transferencias de recursos del Tesoro Nacional para mantener una estructura que no ha logrado demostrar eficiencia ni en la prestación del servicio ni en su gestión administrativa». En este sentido, el decreto oficial postula que la privatización de ENARSA permitirá «ordenar el funcionamiento del Estado y habilitar al sector privado, con su probada capacidad de inversión y experiencia en el sector, a asumir la gestión de actividades esenciales como la transmisión eléctrica».
Según los fundamentos del decreto, la privatización persigue objetivos clave como la mejora en la calidad del servicio, el fomento de la competencia en el mercado energético y la garantía de precios «reales y sostenibles» para los usuarios. El gobierno sostiene firmemente que «el sector privado no solo está en condiciones de gestionar estos activos de manera más eficiente, sino que también constituye el motor natural de la inversión, la generación de empleo y la innovación tecnológica en el sector energético».
La decisión de privatizar ENARSA se ampara en el artículo 7° de la Ley Bases, sancionada recientemente tras un intenso debate parlamentario. El Ejecutivo reconoció la necesidad de implementar un «proceso de privatización por etapas», con el objetivo primordial de «garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la ejecución de las obras en curso» que actualmente están bajo la responsabilidad de Energía Argentina S.A.
Esta medida generó diversas reacciones y análisis en el ámbito energético y político. En octubre del año anterior, el entonces subsecretario de Energía, Federico Basualdo, había advertido sobre las implicaciones de una posible privatización de ENARSA. En sus declaraciones, Basualdo enfatizó el «rol fundamental» de la empresa estatal en el sector energético argentino, no solo por garantizar las importaciones de combustible, sino también por la administración de «activos estratégicos». Según su perspectiva, «si el Estado privatiza todos esos activos, no solamente pierde activos estratégicos, sino que también la política pública y la capacidad de regular mercados fundamentales como el mercado de gas o energía eléctrica».
Estas advertencias previas resaltan la complejidad y la potencial trascendencia de la decisión gubernamental de avanzar con la privatización de ENARSA y sus empresas subsidiarias.
