El gobierno revierte restricciones previas y busca equipar a las fuerzas de seguridad para un patrullaje más efectivo en ríos. La medida, parte de una estrategia para igualar condiciones con delincuentes, revive debates sobre el uso de la fuerza en defensa propia y protección ciudadana.
El gobierno nacional ha oficializado a través de una resolución en el Boletín Oficial el uso de “todo tipo de armas” largas en las embarcaciones de patrullaje de la Prefectura Naval, en el marco del retorno de la “doctrina Chocobar”.
Esta medida, anunciada por la ministra en una conferencia de prensa el jueves, entró en vigencia desde el viernes. Se busca equipar a la Prefectura con armamento más adecuado para mejorar su capacidad de patrullaje en los ríos y así igualar las condiciones con los delincuentes.
La decisión revierte la restricción impuesta por el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019, que limitaba el uso de armas letales y no letales por parte de las fuerzas de seguridad. Se argumenta que esta limitación había dejado a los agentes en una posición vulnerable durante enfrentamientos, lo que resultó en la pérdida de vidas de algunos efectivos.
El nuevo reglamento, retomando iniciativas anteriores durante el gobierno de Mauricio Macri, establece que los funcionarios de las fuerzas de seguridad pueden usar armas letales en defensa propia o de otras personas, ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para evitar la comisión de un delito grave que represente un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
Este protocolo busca garantizar una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad, incluso ante movimientos que indiquen una inminente amenaza con un arma por parte de la contraparte.
