La crítica situación económica y la ausencia de actualización de los aranceles por parte del Gobierno Nacional están llevando al límite a las instituciones que brindan prestaciones a personas con discapacidad en todo el país. La alarma se encendió en Córdoba, donde decenas de organizaciones emitieron una carta abierta denunciando que «la atención a personas…
Virginia Els, psicóloga y psicopedagoga, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CA.PRE.DIS), describió un panorama desolador: «Hay centros de día que cerraron, otros están haciendo rifas y pidiendo contribuciones a las familias, muchos que son de doble jornada y dejaron de brindar alimentación. Para muchas personas era su única comida de calidad en el día y no la están teniendo. Las familias que no pueden pagar están quedándose sin nada. Hoy en mi institución tengo por lo menos un tercio de la población que no podrían pagar por las prestaciones».
La angustiante realidad se refleja en testimonios como el de una madre enfermera que, según relata Els, «vuelve de trabajar ocho horas en salud y se pone a trabajar otras cuatro con Rappi por los gastos que tiene que afrontar con un hijo con autismo». La presidenta de CA.PRE.DIS fue contundente al señalar la «falta de respuesta del Gobierno Nacional» ante esta crisis.
El núcleo del problema radica en el Nomenclador Nacional, que define los aranceles que las obras sociales abonan por las prestaciones en discapacidad. Este instrumento, cuya actualización regular depende de las reuniones de directorio convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lleva cinco meses sin modificaciones. «El desfasaje viene de 2023 y a principios de 2024 acompañaron la inflación, pero desde la segunda mitad del año dieron aumento por debajo y este año, nada. Llama mucho la atención y tampoco hay respuesta. Ya no sabemos qué interpretar», lamentó la profesional en diálogo con Tiempo.
La carta abierta firmada por 38 organizaciones cordobesas, con el apoyo de muchas más, advierte que «son servicios brindados solo por privados, no hay una alternativa como en salud en general. Si cerramos las instituciones, que muchas ya lo están haciendo, no va a haber adónde referenciar a las personas». Las entidades que brindan servicios esenciales como rehabilitación, inclusión escolar y centros de día claman por una respuesta urgente.
«Los montos que recibimos a través de las obras sociales, regulados por el Nomenclador Nacional— están por debajo de lo mínimamente aceptable. En 2024, los aumentos fueron irrisorios: septiembre 1%, octubre 1%, noviembre 0,8%, diciembre 0,5%. Y en lo que va de 2025, los aumentos han sido cero. Todo esto, mientras los costos de funcionamiento de nuestras instituciones se han duplicado«, denuncian en la misiva.
La situación, calificada como «grave» y «crítica», pone en riesgo un sistema de atención a personas con discapacidad que históricamente fue «ejemplo en América Latina y en el mundo». Las instituciones advierten que «si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras», llevando a que «solo podrán acceder a estas prestaciones quienes puedan pagarlas. Quienes no, quedarán excluidos». Este sombrío panorama ya se observa en otros países, donde la inclusión se convierte en un privilegio y no en un derecho.
«Ya hubo bastantes despidos y se empezó a cobrar una diferencia a las familias, lo cual genera una situación de estrés porque no todas pueden pagar», señaló Els, describiendo una «especie de copago o plus» inédito en sus 20 años de experiencia en el sector.
La falta de respuesta del Gobierno Nacional se evidencia en la ausencia de reuniones de directorio de ANDIS, el organismo encargado de definir los aumentos y las políticas públicas para el sector. «Hace cinco meses que no se da la reunión, por ende no se dan los aumentos. Pero esas reuniones también son para definir políticas públicas. Nos llama la atención porque sin reunión de directorio no hay ninguna discusión sobre el tema», explicó la titular de CA.PRE.DIS.
El reclamo, que ya motivó movilizaciones en Buenos Aires, se extiende a otras provincias. Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de Apoyo de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), alertó que la situación en su provincia es igualmente «crítica». «Hoy estamos cobrando casi un 50% por debajo de lo que se debería pagar. A eso se suma que cobramos tarde: con suerte a los 60 días, pero muchas veces a los 90 o incluso a los 120 días», detalló Zanotti, enfatizando que «ya no alcanza con el altruismo, la buena voluntad, o las ventas de empanadas, alfajores o prepizzas para sostener la estructura de las instituciones».
Auditorías y ajuste
La precarización y achique del sector de prestadores se da en paralelo con el proceso de auditorías de las pensiones no contributivas (PNC), impulsado por la Andis tras sembrar un manto de sospecha y estigmatización (incluyendo un documento que se refiere a las personas con discapacidad como “imbéciles, idiotas y débiles mentales”) sobre quienes accedieron a ese derecho.
“Hay que tener en cuenta que la población que accede a una PNC suele estar en situación de vulnerabilidad y pobreza. Es probable que toda su historia clínica esté en efectores públicos de salud y conseguir un turno puede llevar mucho tiempo”, dijo Zanotti al explicar las complicaciones que están generando las auditorías por el modo en que fueron encaradas.
Entre otras cosas, apuntó que los lugares designados para realizar las auditorías obligaban a largos traslados, así como a horas de espera (sobre todo en un primer momento, tal como contó este diario). “Conocemos a alguien que tuvo que pagar una ambulancia desde Esperanza a Santa Fe para poder presentarse. Hubo familias que debieron pagar 30 mil pesos de remis para asistir al turno. Son gastos muy difíciles de afrontar en este contexto”.
“Hay un criterio orientado a la restricción del gasto. Esta masividad, sumada a la falta de criterio y de sensibilidad hacia esta población históricamente desfavorecida, no hace más que profundizar la vulneración de sus derechos”, cuestionó el referente de Uendisfe.
Mientras sigue el reclamo para que avance en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad –apoyado por todas las organizaciones y fustigado por el Gobierno Nacional– este martes habrá una movilización al Ministerio de Salud de la Nación para exigir la actualización de aranceles. Será a las 10.30 en 9 de Julio 1925, CABA.
“Exigimos una respuesta del Director Ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, y del Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, quienes no han atendido el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones. Sin actualización de aranceles, no hay inclusión posible”, convocaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
