La Cámara Federal porteña ratificó las prisiones preventivas de Patricia Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. Los jueces confirmaron además los procesamientos de David Sica y Cristian Valiente, quienes obtuvieron la excarcelación, y declararon la falta de mérito para Facundo Gómez.
La Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos con prisión preventiva de Patricia Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, dos manifestantes detenidos durante las protestas contra la Ley Bases.
En un fallo con disidencias entre los tres jueces del tribunal, también se confirmaron los procesamientos de otros dos imputados, David Sica y Cristian Valiente, quienes obtuvieron la excarcelación.
La Cámara declaró la “falta de mérito” de Facundo Gómez, quien ya había recuperado su libertad gracias a una intervención del tribunal la semana pasada.
El fallo modificó parcialmente las calificaciones legales de los imputados, reduciéndolas a “incendio”, “daño agravado” y “atentado y resistencia a la autoridad”, delitos que normalmente permiten la excarcelación.
Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en la confirmación de las prisiones preventivas, mientras que el tercer juez, Roberto Boico, votó por liberar a los cinco detenidos, aunque en algunos casos confirmó sus procesamientos.
“Pese al desplazamiento del ilícito de intimidación pública, Patricia Calarco Arredondo será procesada por incendio y daño agravado; Roberto De la Cruz Gómez enfrentará cargos por daño agravado y atentado contra la autoridad agravado”, sostuvo el voto mayoritario.
Argumentaron que “a pesar de la variación, sigue existiendo un panorama similar al que recientemente justificó la denegatoria de sus excarcelaciones, dado el elevado riesgo procesal”.
Entre las razones mencionadas están la “subsistencia de medidas probatorias, como el análisis de teléfonos celulares y las imágenes de la zona y momentos de los hechos”. Estas medidas buscan identificar a otras personas implicadas y determinar si hubo un planeamiento previo entre los involucrados.
El juez Boico, que solo votó por confirmar parcialmente los procesamientos de Sica y Calarco, criticó que la investigación no profundizó en otros implicados en los sucesos violentos, quienes aparentemente no han sido buscados.
“Resta definir las situaciones procesales de aquellos con comportamientos inaceptables en una protesta social. Auditaré si eso es así”, prometió Boico.
Añadió: “De acuerdo con las imágenes captadas, varias personas que parecían no estar allí para protestar pacíficamente no han sido identificadas ni buscadas”.
Boico exhortó a una mayor investigación para llevar a juicio a todos los que actuaron con otros propósitos bajo la apariencia de protesta pacífica.
“La violencia como medio de protesta y la represión irracional de las autoridades debilitan la democracia. Aunque es difícil establecer límites jurídicos en protestas, está claro que un manifestante pacífico no debe ser considerado un enemigo ni acusado sin pruebas contundentes”, afirmó Boico.
Concluyó: “Estigmatizar a quienes protestan sin distinciones ni pruebas no se corresponde con una actuación respetuosa de los derechos humanos que nuestra Constitución protege, conforme a decisiones de organismos regionales incorporados en nuestro marco legal”.
