Más de 35 personas resultaron heridas durante una protesta pacífica frente al Congreso. Hubo uso de gases, detenciones arbitrarias y dos manifestantes debieron ser hospitalizados.
La movilización de jubilados realizada este miércoles se desarrollaba de manera pacífica y sin corte de calles, pero fue igualmente reprimida por un amplio operativo policial. Según relevamientos de organismos de derechos humanos y equipos de primeros auxilios, más de 35 personas sufrieron heridas por golpes y gas pimienta, y dos manifestantes debieron ser trasladados de urgencia a hospitales.
Durante el operativo fue detenido nuevamente el padre Francisco “Paco” Olveira, integrante de Curas en Opción por los Pobres, junto a otras tres personas, bajo la acusación de resistencia a la autoridad. El sacerdote relató que fue detenido, liberado y vuelto a detener, tras ser trasladado a la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal. Finalmente, un fiscal ordenó su liberación luego de que videos y registros periodísticos demostraran que no había cometido ningún delito.
Desde el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que asiste de forma voluntaria en las protestas, denunciaron un accionar desproporcionado y planificado por parte de las fuerzas de seguridad. “Las personas estaban sobre la vereda, sin infringir ninguna ley, y aun así fueron gaseadas y golpeadas”, explicó Marisa Romero, voluntaria del equipo, quien confirmó que varias personas presentaron quemaduras en el rostro, lesiones por empujones y crisis convulsivas.
Uno de los casos más graves fue el de Fernando Quinteros, jubilado con discapacidad motriz y epilepsia, quien sufrió una crisis convulsiva luego de ser reducido por la policía cuando intentaba evitar una detención. Testigos señalaron que, tras el episodio, los agentes lo dejaron tendido en el suelo hasta que fue asistido y trasladado por el SAME al hospital de Ramos Mejía.
El operativo contó con la participación de Policía Federal, Gendarmería y fuerzas motorizadas de la Ciudad, y fue coordinado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien ratificó la continuidad de la denominada “doctrina Bullrich”. Organismos de derechos humanos advirtieron que la reiteración de hechos represivos en protestas de jubilados profundiza el clima de tensión social y anticipa un escenario de mayor conflictividad de cara a las próximas movilizaciones.
