Las modificaciones, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, había sido frenadas de manera temporaria por la resistencia de sus trabajadores. Sin embargo, “con esta votación del Consejo Directivo, el INTA de hace 70 años hoy deja de existir”, definieron.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó este miércoles una reestructuración institucional en el ente. Entre los puntos se encuentran quitar funciones y competencia a la Dirección Nacional para concentrarlas en el Consejo Directivo.
Entre los cambios figura una nueva Secretaría de Coordinación Técnica, que absorbería funciones clave como las de la Dirección General de Administración (DGA), a pesar de que por ley esta debe responder a la Dirección Nacional. Si bien no está definida la persona que ocupará el cargo, se estima que con los cambios el organismo reduciría las direcciones en un 70% y las gerencias en un 20%, con cientos de despidos.
Julieta Boedo, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, señaló que esta movida forma parte de un plan de ajuste del Gobierno, que busca reducir la planta de 6100 a 4500 trabajadores, utilizando mecanismos como los “pases de disponibilidad”. “Hoy, con esta votación del Consejo Directivo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de hace 70 años hoy deja de existir”, aseguró.
También advirtió sobre el cierre de áreas y el traslado de líneas estratégicas de trabajo hacia el control del Consejo Directivo. Mientras tanto, contó, desde temprano este martes trabajadores en todo el país hicieron asambleas permanentes en estado de alerta por estos cambios. “Abrieron la puerta para avanzar en la destrucción de nuestro organismo y pone en serio peligro los puestos de laburo”, lamentó Boedo
En ese contexto, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) denunció que, pese al discurso oficial de austeridad y eficiencia impulsado por las autoridades del organismo, encabezadas por su presidente, Nicolás Bronzovich, y su vice, Beatriz Giraudo, se han tomado decisiones que contradicen esos principios.
En el gremio apuntaron contra la designación de cuatro asesores sin antecedentes técnicos con sueldos elevados, el sostenimiento de funcionarios sin funciones definidas, la creación de nuevas estructuras sin justificación estratégica y el uso personal de recursos institucionales. Fustigaron gastos en eventos del agro donde el mismo ente muestra lo que hace para el sector de la producción.
“Buscan poder avanzar con todas las funciones y las competencias que se quieren adjudicar los mismos del Consejo Directivo, quitándole la competencia a la Dirección Nacional”, puntualizó Boedo.
